En Ecuador la consulta popular del próximo 21 de abril con la que el presidente, Daniel Noboa, busca apoyo ciudadano para sobre todo combatir la inseguridad, uno de los principales problemas del país, está a solo cinco días de realizarse.
Y en medio de lo que fue catalogado el pasado 9 de enero como un conflicto armado interno para enfrentar a los grupos criminales, al menos ocho de las 11 preguntas intentan hacerle frente a esta crisis que tiene al país con miedo.
Por ello, entre los temas que se votarán, está la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos o tipificar nuevos delitos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), entre otros.
Se trata entonces de una consulta y referéndum para hacerle frente a la inseguridad, sustentada en la lucha contra las bandas del crimen organizado, 22 de ellas identificadas como terroristas. Y Noboa en su discurso sostiene que los grupos delictivos de Ecuador están en contra de la consulta.
“(…) públicamente los grupos terroristas han dicho que están totalmente en contra. Están en contra de la extradición, están en contra de que haya presencia militar en las cárceles”, dijo Daniel Noboa, Presidente de la República.
Pero bien, analicemos la pregunta A incluida en la papeleta como parte del referéndum, es decir, las que se refieren a cambios dentro de la Constitución de la República:
“¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución?”
La Constitución en su artículo 158 fija el rol de las Fuerzas Armadas: exclusivamente en la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Mientras que la Policía es la encargada de la protección interna y el mantenimiento del orden público.
Con la reforma se busca que los militares den un “apoyo complementario” a los policías en el combate a delitos como narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, terrorismo, minería ilegal, extorsión y delincuencia organizada.
Este apoyo militar solo se podrá dar después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) establezca su pertinencia y el Presidente suscriba un decreto. De ganar el Sí en la pregunta, entraría en vigencia casi de inmediato.
Hay que precisar que esta iniciativa fue planteada por Guillermo Lasso y se definió en la Asamblea Nacional, para que reciba el aval de la Corte Constitucional en estos comicios.
¿Qué significa que los militares pueden participar junto a la Policía y cuales son los únicos delitos en los que tienen intervención?
Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción, algo que sí ocurrió este año, cuando el 8 de enero, Daniel Noboa usó por primera vez está opción.
Para aquel momento, el país atravesaba una grave conmoción social ante la fuga del narcotraficante alias Fito de la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Lo ocurrido motivó al mandatario a autorizar la movilización e intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, así como en los centros de privación de la libertad.
Luego vino lo de la toma en vivo del medio de comunicación TC Televisión de parte de grupos terroristas y el miedo se apoderó de los ecuatorianos que vieron con buenos ojos el hecho de que militares estén desplazados en todo el país. Una medida que llegó a su fin el pasado 8 de abril de 2024 debido a que el estado de excepción no puede renovarse y ya se había ampliado por 30 días más de los 60 establecidos en su declaratoria inicial.
¿SABÍAS QUE?
De acuerdo al artículo 165, de la Constitución del Ecuador, el Presidente de la República puede decretar un estado de excepción inicial de hasta 60 días, con la posibilidad de una única renovación por 30 días adicionales.
Pero el conflicto armado interno aún sigue, por lo que el Gobierno Nacional mantiene los controles de seguridad con los militares en las calles, lo que significa que seguirán las Fuerzas Armadas, realizando patrullajes con la Policía Nacional. Así lo estableció el presidente en un nuevo decreto ejecutivo, firmado el 7 de abril, en el que reconoce la persistencia del conflicto armado interno.
En ese decreto, Noboa dispone a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional. Además, declara a las cárceles de zona de seguridad y seguirán bajo el control de policías y militares.
Hasta ahí, el gobierno actual intenta tener el control, pero siguen siendo parches que buscan reemplazar con la consulta popular de este domingo, 21 de abril, de tal forma que se facilite el camino para que los militares se mantengan operativos ante la guerra contra la delincuencia organizada en las calles.
Sin embargo, durante el estado de excepción, el resultado del Bloque de Seguridad, integrado por policías y militares, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Defensa, explica que se ejecutaron más de 272 000 operaciones entre el 9 de enero y el 6 de abril de 2024.
Hubo más de 18 000 detenidos, 300 de ellos por presunto terrorismo, pero solo 180 casos están en etapa de juicio. Aunque para Defensa, en este periodo se logró “golpear a estructuras terroristas, incautando una gran cantidad de armas, municiones y explosivos, evitando así el cometimiento de diferentes delitos contra la vida”.
Para el especialista en seguridad, Daniel Adler, “no es conveniente bajo ninguna circunstancia combinar las Fuerzas Armadas con la Policía”. El argentino experto en antiterrorismo urbano, graduado en Israel, dice que la razón principal es que se trata de una formación y entrenamientos totalmente distintos, escenarios totalmente distintos, equipo totalmente distintos, “y yo la categorizaría como una medida un tanto cómoda”.
En materia antidelincuencial, Adler dice que ese efecto disuasivo o preventivo que causa la presencia de militares en las calles es de muy corto plazo, “es decir, muy rápidamente, tanto el mundo criminal como la ciudadanía se da cuenta que no es efectivo entonces tiende a ser peor”, menciona.
Lo que sugiere el experto es capacitar y actualizar a la Policía para potenciarla y brindarle la facilidades para que puedan trabajar. “Policializar el 10 % de las Fuerzas Armadas creando una nueva unidad que no sea militar y que no sea policial que sea una Guardia Nacional con un tipo de entrenamiento especial diferencial pero netamente urbano”, dice Adler.
