Poner en marcha proyectos de energía en Ecuador es una tarea que requiere altos recursos económicos y paciencia, más si son de inversión privada. Hasta enero, la legislación exigía que toda la inversión en el sector eléctrico sea estatal, y aceptaba la inversión privada pero solo por excepción y en proyectos marginales.
Durante años, esto impidió la implementación de nuevos proyectos de generación. Esa norma fue eliminada con la Ley de Competitividad Energética. Pero, la crisis energética que empezó el año pasado obligó a que el Gobierno impulse nuevas iniciativas privadas.
la última fue la concesión de un bloque de 500 megavatios de energía renovable. Son ocho proyectos para aportar los 500 megavatios que empezarán a funcionar en dos años. Los contratos fueron firmados en diciembre y en ellos se invertirán 700 millones de dólares.
Ese proceso había en 2021. A finales de 2022, las propuestas fueron presentadas en el Ministerio de Energía y un año después se firmaron los contratos. Uno de esos proyectos, el hidroeléctrico San Jacinto, apenas el 2 de abril obtuvo la licencia ambiental. Su construcción empezará en tres meses.
Esa planta hidroeléctrica entregará 50 megavatios y podría estar lista, en el mejor de los casos, en dos años y medio. Sus promotores creen que se perdió demasiado tiempo en los trámites administrativos.
En situación similar están otros cinco proyectos fotovoltaicos. Tres en Imbabura y uno en Galápagos y dos hidroeléctricos a construirse en Morona Santiago.
Según el Plan Maestro de Electricidad, Ecuador tiene potencial para producir 25 mil megavatios. De ellos, 22 mil son hidroeléctricos y la mayoría se ubica en provincias de la Amazonía. Hay falta de recursos para aprovechar ese potencial, pero el Gobierno por ahora no ha propuesto abrir el mercado a la inversión.
