El jueves 6 de junio se retoman las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las operadoras de telefonía móvil e internet. El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. (Conecel) y Telefónica Ecuador tramitan su continuidad en el país por 15 años más, es decir, hasta el 2039.
El ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, César Martín, señala que los acuerdos con Conecel y Telefónica Ecuador han avanzado un 85 %, no obstante, según conoció Ecuavisa.com, hay cuatro aspectos importantes que demostrarían que las negociaciones no están en su parte final.
Todavía está pendiente definir los parámetros de calidad de los servicios que ofrecen las empresas, acordar los pliegos tarifarios, establecer cómo se ampliará la cobertura y cómo se implementará la tecnología 5G, y -quizás lo más importante- fijar la cantidad de dinero que deben desembolsar las operadoras al Estado ecuatoriano.
Más o menos 560 millones de dólares
La Administración de Daniel Noboa espera que antes de finalizar septiembre de 2024 estén cerrados los acuerdos con Conecel, nombre jurídico de Claro, y Otecel, nombre jurídico de Teléfónica Ecuador. Esta última compañía aglutina las marcas Movistar, Tuenti, Akímovil y Maxiplus.
Entre Conecel y Telefónica se reparten el 82 % de los abonados a servicios de internet y telefonía móvil del país. El restante 18 % lo tiene la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Si el porcentaje se lo convierte a números, Claro tiene 9,4 millones de líneas activas, Otecel tiene 5,3 millones y CNT posee 3,3 millones.
En Ecuador hay un total de 18,1 millones de líneas activas y más de 17,7 millones de habitantes.
El Ejecutivo prevé recibir unos USD 560 millones por parte de Claro y Telefónica Ecuador, pero Martín ha enfatizado que ese es un valor referencial. El monto corresponde a la renovación de la concesiones y a la asignación del espectro para la tecnología 5G.
En 2008 las empresas pagaron en conjunto USD 308 millones por operar en el país. Diez años después cancelaron otros USD 330 millones por acceder al espectro que les permitió instalar la red 4G.
La cobertura y el 5G
Tanto el Estado como las operadoras reconocen que la señal celular es escasa en algunas zonas rurales y carreteras de la nación. En los nuevos contratos se busca reducir la brecha de desconexión de los servicios móviles y garantizar lo básico, por ejemplo, una llamada al ECU 911 en caso de emergencia. Aún existen poblaciones donde eso es imposible, pues no hay señal para hacer esa llamada.
Tomando en cuenta este ejemplo, un experto en telecomunicaciones que ha formado parte de las mesas de negociación de los nuevos contratos, y que prefirió no revelar su identidad por el sigilo en varios aspectos de las conversaciones, explicó a Ecuavisa.com que en Ecuador funcionan las tecnologías 2G, 3G y 4G. Para realizar una llamada, lo mínimo es contar con 2G. A partir del 3G se asegura la conectividad a internet móvil. El 4G, en cambio, brinda rapidez a las conexiones
Aún no funciona la tecnología 5G, pero en mayo el ministro Martín aseguró que ya existen planes pilotos para que esta red comience a operar.
Ya sea para ampliar la cobertura o para inaugurar la tecnología 5G en Ecuador, las operadoras deben modernizar sistemas tecnológicos y renovar estructuras. Incluso se debe instalar nuevas estaciones bases de telefonía. El experto en telecomunicaciones precisó que establecer una estación base cuesta alrededor de 400 000 dólares.
Justamente por el alto costo de la implementación de la nueva tecnología, la misma fuente indicó que el 5G no va a funcionar en todo el país y que ello dependerá de las necesidades especialmente del sector empresarial.
Los parámetros de calidad y las cárceles
En otro orden, las operadoras también buscan que los contratos definan cómo se va a regular la calidad de los servicios. Asimismo, que se fije los techos máximos de cobro por los mismos.
Por otra parte, el Estado también pretende que las compañías instalen inhibidores de telefonía móvil en las cárceles. Sobre ello, el ministro Martín ha indicado que la empresas tienen “toda la voluntad” para instaurar estos sistemas.
Los nuevos acuerdos con Conecel y Telefónica Ecuador debían estar cerrados en 2023, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, sin embargo, la crisis política del país obligó a postergar las negociaciones.
