Ayer, 5 de junio de 2024, el presidente Daniel Noboa vetó totalmente la Ley para la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados, abriendo un nuevo episodio de confrontaciones con el poder Legislativo.
Horas antes, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dijo que en la Asamblea hay una mayoría anti-Noboa, a lo que el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, reaccionó pidiendo el cambio de vocero del Ejecutivo.
Si bien Kronfle y Noboa han tenido una relación cercana y cordial, incluso por encima del Partido Social Cristiano (PSC), el titular del Legislativo era el proponente del proyecto de ley vetado.
Esas disputas ocurren a seis meses de que comience la campaña por las elecciones.
¿Noboa vetó la ley por venganza o con sustento?
El proyecto de ley, en pocas palabras, implicaba que el Estado transfiera de manera automática el dinero que corresponde a gobiernos parroquiales, municipios y prefecturas. Ese monto representa USD 3 300 millones para este año. Es decir, el 21 % de la recaudación anual de impuestos, que representa USD 15 716 millones. Sin embargo, lo recaudado no alcanza para satisfacer todas las asignaciones.
Según el Gobierno Nacional, la transferencia inmediata implicaba un perjuicio para la estabilidad fiscal del país porque afectaba la asignación otros sectores como la seguridad social, salud o educación.
“El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional no consideró con responsabilidad elementos que estén acordes a la realidad fiscal del país, lo que pudo ocasionar un desfinanciamiento en el Presupuesto General del Estado”, dice un comunicado de Segcom.
Edwin Miño, exdirector del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), considera que la apreciación del Gobierno no se aleja de la realidad. Explica que si bien la descentralización de los recursos de los GAD es importante, la ley no era funcional y en este momento, en el que el Gobierno no cuenta con recursos, resultaba irrealizable porque también incluía el pago de la deuda anterior en un plazo de 90 días.
Además, explica que los gobiernos autónomos también tienen posibilidad de generar iniciativas para su propio financiamiento, y así no depender de los recursos provenientes de tributos. Menciona iniciativas como peajes o incluso aceptar el pago de la deuda con bonos.
Por otro lado, el economista y docente universitario, Andrés Albuja, dice que los GAD necesitan recursos para ejecutar sus proyectos, en beneficio de las ciudades y provincias, pero también para sectores rurales. Explica que ese un mandato constitucional y considera que el Gobierno no ha hecho las acciones necesarias para subsanar la deuda.
Al ser una objeción total, la Asamblea Nacional no puede volver a tramitar la ley en el plazo de un año. Es decir, si regresa a la agenda del Legislativo, será la siguiente administración la que decida si ratificarse y para hacerlo será en un solo debate.
Si la composición política se mantiene similar a la actual, lo más probable es que la norma entre en vigencia el siguiente año, pues fue aprobada con una amplia mayoría.
Para Albuja es probable que la razón de fondo del veto esté en la enemistad con el Legislativo.
La disputa entre Noboa y la Asamblea se evidencia en siete momentos
En el último mes, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo han tomado decisiones que han minado su relación, más allá de las declaraciones de las bancadas en las que unos y otros se declararon como oposición.
El pasado 21 de mayo, el Pleno creó la Comisión para tratar las leyes de la consulta popular. El Ejecutivo dice que no tienen representación en esa mesa Legislativa, aunque sí está la asambleísta independiente Lucía Posso, que normalmente vota con el oficialismo.
El 30 de mayo, el Parlamento aprobó una reforma constitucional para disminuir la cantidad de votos que necesita el Legislativo para ratificarse en su texto, ante veto parcial. Esa puede ser una razón por la que el Mandatario optó por el veto total frente a la Ley para la asignación directa de recursos a los GAD, hecho que se convierte en el último momento de tensión entre poderes.
El mismo 30 de mayo, la Asamblea aprobó la terna para la designación de vocales de la Judicatura, sin considerar a ADN.
El 4 de junio de 2024, algunos asambleístas se hicieron eco del conflicto entre Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, razón por la cual plantearon una moción de respaldo para que se garantice la sucesión presidencial, en caso de que el Presidente se candidatice. Ese planteamiento todavía no llega al Pleno.
Finalmente, las declaraciones del viceministro Torres también se convierten en otro evento de tensión.
El analista político y económico Juan Rivadeneira cree que hay un segundo momento de la relación entre el Presidente y la Asamblea. Recuerda que en la primera etapa hubo una alianza y que se consiguió la aprobación de cinco proyectos económicos con facilidad.
Ahora ve más complicado que Noboa pueda aprobar sus proyectos con facilidad, pero considera que habrá mayorías móviles que se junten únicamente para ciertos proyectos de ley o juicios políticos.
A lo anterior, se suma algo que Rivadeneira y otros analistas adelantaban: la lid electoral. Las organizaciones políticas tienen intereses de participar en 2025, por lo que no les resulta conveniente mantener pactos.
