Desde las 16:00 de este sábado 29 de junio de 2024 se instaló la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en la que se aprobó el informe que recomendó el archivo del juicio político contra las exautoridades del Consejo de la Judicatura (CJ).
Inicialmente, con el informe borrador se conoció que, al no encontrar elementos fácticos y jurídicos que ameriten una interpelación, Fiscalización recomendó archivar el inicio de un juicio político contra Wilman Terán, expresidente de la Judicatura. Lo mismo con exvocal Maribel Barreno, pero en el caso del exvocal Xavier Muñoz se sugirió que sí se debe iniciar la interpelación por incumplimiento de funciones.
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En el caso de Terán y Muñoz, la notificaciones se dieron el 27 de mayo en las respectivas cárceles en las que se encuentran detenidos, precisó esa mesa legislativa este lunes 10 de junio. Mientras que Maribel Barreno, quien no está detenida, recibió la notificación en su correo electrónico.
Debido a que Terán y Muñoz están privados de su libertad, la Comisión de Fiscalización, por pedido del asambleísta proponente del juicio político, Jorge Peñafiel (Construye), solicitó al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que brinde “todas las facilidades para que puedan comparecer ante la Comisión y practicar las pruebas de descargo de las cuales se crean asistidos, en ejercicio de su derecho a la defensa”.
Jorge Peñafiel acusa a Terán, Muñoz y Barreno de irregularidades en el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
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En la lista de juicios políticos, luego de los vocales de la Judicatura, está el exsecretario de la administración Sebastián Corral, quedan pendientes los procesos contra la canciller, Gabriela Sommerfeld, la ministra Mónica Palencia y el recientemente calificado juicio contra la exministra Andrea Arrobo.
La posición de ADN
En un comunicado difundido en su cuenta de X, el movimiento oficialista ADN rechazó la postura de la Revolución Ciudadana de salvar a Wilman Terán y Ruth Barreno.
Indicó que se dio paso a leguleyadas, pruebas infundadas y vulnerando el debido proceso. Así se convirtió a esta interpelación en un show a favor de Terán y Barreno, conocidos públicamente por los casos de obstrucción de la justicia y Metástasis, así como tráfico de influencias.