El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, se refirió el 1 de noviembre a la información enviada por la exministra de Energía, Andrea Arrobo, a la comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre la crisis energética.
La exministra debía acudir a la mesa legislativa la tarde del 31 de octubre, en el marco del juicio político en su contra, pero en su lugar envió un escrito en el que relató las acciones que realizó durante su gestión y mencionó al ministro de Gobierno.
“El miércoles 10 de abril (de 2024) recibí una llamada de quien entonces era el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, en la que me comunicó que había recibido alertas de inteligencia, de que no se estaban haciendo operar en su máxima capacidad a las centrales termoeléctricas. Ante esta importante información, inmediatamente le propuse visitar de sorpresa las instalaciones del CENACE, en donde se puede ver en tiempo real el funcionamiento de todo el Sistema Nacional Interconectado (SNI) de esta manera, podíamos visualizar qué centrales funcionaban, cuáles no funcionaban y cuál era el despacho de cada una versus la potencia instalada. Efectivamente, esta visita la realizamos juntos el viernes 12 de abril de 2024. Esto desmiente el argumento de que el secretario de la Administración Pública no conocía sobre el estado del sector eléctrico. También se desvirtúa que no se habría comunicado de esta información a la Presidencia de la República”.
Arturo Felix Wong no habló directamente de estas declaraciones, sino que cuestionó los motivos de un medio de comunicación “cuyo propietario está identificado con intereses claramente vinculados a un candidato presidencial”.
Sostuvo que se trata de una estrategia para “empañar la gestión del Gobierno mediante maniobras políticas y de desinformación”. Y recordó que fue el propio Gobierno el que presentó la denuncia ante la Fiscalía “contra exfuncionarios que habrían ocultado información trascendental para la toma oportuna de decisiones”.
El presidente Daniel Noboa acusó a Arrobo por sabotaje y enfrenta una denuncia penal por presunta paralización de un servicio público.
