El acuerdo ministerial que pone techo a los ingresos de los trabajadores en el sector público no afecta derechos laborales, lo dicen Andrea Muñoz, abogada laboral, y Miguel García, expresidente de la Federación de Servidores Públicos.
La normativa no reducirá los sueldos porque es ilegal, pero obliga a cada institución o empresa a regular internamente los ingresos adicionales: bonos por productividad y horas extra. El objetivo es evitar que los trabajadores ganen más que el Presidente; es decir, más de USD 5 072.
“Se va a regular algo que ya se tenía establecido. Lamentablemente, no había límites dentro de las empresas y por eso han tenido estos saldos tan grandes”, dijo Andrea Muñoz.
El acuerdo, firmado el domingo 17 de marzo, afecta contratos individuales y colectivos; actas transaccionales y laudos de tribunal de conciliación o arbitraje que establecieron ingresos superiores al sueldo presidencial. Deben ser dados de baja, ya que incumplieron disposiciones expresas desde el 2010 con la aprobación de la Ley de Servicio Público y que fue ratificada en un acuerdo presidencial del 2018.
Pero hay dudas de que lo establecido en el papel se aplique.
“Yo llevo 40 años en el sector público y no le van a parar bola al acuerdo ministerial“, sostiene Miguel García.
En caso de incumplimiento, el Ministerio del Trabajo informará a la Contraloría para que puedan determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales de los servidores públicos.
La cartera de Estado no considera necesario eliminar los cargos o partidas con cuestionados ingresos.
“Yo no elimino el cargo, ¿por qué no elimino el cargo? Porque eso es parte de la estructura de la empresa. Lo que hago es regular el sueldo“, explicó Ivonne Núñez, ministra de Trabajo.
A finales de marzo se tendrán los resultados de estos ajustes. Por esta regulación, el Gobierno prevé un ahorro de 20 millones de dólares mensuales.
