A 321 días del asesinato de Fernando Villavicencio, este 25 de junio de 2024, se desarrolló la audiencia de juicio en contra de cinco personas, por el caso ocurrido el pasado 9 de agosto de 2023. Verónica Sarauz, viuda del excandidato presidencial, en entrevista con Ecuavisa.com, dio sus impresiones sobre el primer día, en el que la Fiscalía presentó la investigación y los roles que habrían cumplido los procesados.
A Sarauz le quedan más dudas que certezas. Identifica incongruencias en lo que ha recabado el Ministerio Público y lo que ha dicho la fiscal Diana Salazar. También ve que hay presuntos responsables que no han sido procesados.
PUBLICIDAD
La cita se llevó a cabo en el Complejo Judicial Norte, en Quito, en medio de un fuerte resguardo policial y militar en los alrededores del lugar. Era el cuarto intento para la instalación de esta diligencia.
Durante la cita, que comenzó ayer, pero que se extenderá por varios días, se relataron los hechos larededor del caso y se presentó la teoría de cómo operó la red encargada de asesinar al excandidato presidencial. También se reprodujo el testimonio anticipado de un testigo protegido y se recibieron las declaraciones de peritos y policías a cargo de la investigación.
Audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte. ( API )
Audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte. ( API )
Audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte. ( API )Verónica Sarauz cuestiona el trabajo de la Fiscalía
Las principales dudas que tiene Sarauz sobre el caso se desprenden del testimonio anticipado del testigo protegido. Se pregunta por qué la Fiscalía no vinculó a alias Chino Honda, cabecilla del grupo de delincuencia organizada, Los Lobos, que supuestamente habría mantenido varias conversaciones sobre la ejecución del crimen.
También le sorprende que el testigo hable de que la “cabeza” de Villavicencio costaba USD 200 mil. Sarauz dice que la fiscal Diana Salazar manejaba la cifra de USD 1 millón y que tampoco se ha contado qué indicios hay de que los gatilleros iban tras ella, tal como la autoridad lo había expresado anteriormente.
“El país está esperando resultados de esta investigación que hasta hoy han sido mediocres, lentas y no han estado a la altura de la memoria de Fernando Villavicencio”, asegura Sarauz.
Le preocupa que no haya policías investigados, ni siquiera de forma administrativa, porque considera que hubo una serie de omisiones alrededor de la seguridad de Villavicencio.
Además, le llama la atención que la Fiscalía no tomó postura cuando el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) trasladó a los sicarios de Villavicencio a cárceles comunes, en Quito y Guayaquil, donde fueron asesinados. Para Sarauz las declaraciones de esas siete personas eran claves para dar con los autores intelectuales del magnicidio.
La viuda de Villavicencio guarda la esperanza de que se logre determinar quiénes fueron los autores intelectuales del delito, y que en ese proceso se esclarezcan las dudas que todavía quedan en el aire. La Fiscalía ya lleva adelante una investigación sobre el tema que está en etapa de indagación previa.
Sarauz cuenta que en los próximos días están por presentar una denuncia que recoge a los posibles autores intelectuales. Adelanta que son varias personas que tenían el interés de acabar con la vida de quien también fue asambleísta.
La mujer cuenta que los 10 meses de investigaciones han sido desgastantes para la familia.
“Fernando (Villavicencio) tenía un aprecio muy grande por la Fiscal General y ella no ha demostrado reciprocidad”, asegura Sarauz.
Las revelaciones de Fiscalía, en el primer día de audiencia de juicio por el caso Villavicencio
La fiscal Ana Hidalgo comenzó con el relato de los hechos.
Era el final de la tarde de un miércoles cuando circulaba el rumor de una balacera en el norte de Quito, luego otro más grave que apuntaba a disparos en medio de un mitin político, finalmente la realidad sacudió a los ecuatorianos: se trataba del asesinato de un candidato presidencial.
Carlos A., quien sería líder de Los Lobos y autor mediato del crimen, supuestamente dio la orden desde la cárcel de Latacunga. Laura C., quien estuvo a cargo de la logística, es señalada como coautora; y Alexandra Ch., procesada como cómplice, habría estado dentro del coliseo avisando los movimientos de Villavicencio. Erick R. y Víctor F. también son acusados de cómplices.
Según el testigo protegido, quien inicialmente iba a participar en el asesinato de Villavicencio, contó que el crimen venía analizándose días antes. Dijo que el primer intento habría sido en una actividad del político en Santo Domingo.
Franklin Gonzalo V., médico legista y perito, dijo que en la autopsia se encontró que la bala, que acabó con la vida de Villavicencio, fue disparada a larga distancia e impactó en la cabeza del político, en el parietal izquierdo.
Una vez ocurrido el hecho, la Policía comenzó con las diligencias. Los investigadores detallaron que acudieron a una panadería para pedir los videos de las cámaras de seguridad e identificar la vestimenta de los sospechosos. Luego, por la alerta de una moradora, llegaron al sector de Monjas e identificaron una casa donde estaban personas con actitudes sospechosas.
En la inspección se encontraron seis armas de fuego, un fusil, una subametralladora, tres pistolas y tres granadas de uso militar con todo su equipamiento.
