Desde principios de esta semana, circuló en redes sociales un audio en el que, supuestamente, se escucha a los abogados Juan Francisco Fierro, representante externo del Banco del Pacífico, y Leonardo Toledo, defensor de la procesada por el caso Metástasis, Mayra Salazar. Las voces hablan de presuntos pagos que el Banco del Pacífico debía cumplir para manipular la versión de la investigada.
El teléfono de Salazar y su testimonio anticipado, para el caso Metástasis y Purga, han sido claves en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado contra el exasambleísta Pablo Muentes y otros procesados.
Entre los hechos que narró la exrelacionista pública, dijo que Muentes se benefició de fallos judiciales, obtenidos de manera irregular, para conseguir una indemnización de casi USD 4 millones gracias a una acción de habeas data contra la entidad financiera estatal.
El audio generó críticas de algunos sectores que comenzaron a cuestionar la veracidad de lo dicho por Salazar, principalmente la defensa de Muentes.
Esas dudas se convirtieron en un caso abierto por la Fiscalía General del Estado, llamado Implacable. La madrugada de este 4 de julio de 2024, el Ministerio Público ejecutó un acto urgente en el que retuvo a Fierro, en el marco de una indagación previa por presunto tráfico de influencias.
En esas diligencias también se realizaron tres allanamientos, en domicilios y oficinas, para ubicar a Toledo, requerido para la investigación. Sin embargo, el abogado no fue localizado.
Con esos actos, toma mayor protagonismo la tesis de que Salazar manipuló su testimonio. La Fiscalía lo niega, mediante un comunicado, indica que “la conversación no afecta en nada al proceso que lleva la institución”.
En derecho, ¿puede tener repercusiones en el sustento de la investigación?
Lo dicho por Mayra Salazar debe comprobarse
Lo dicho por Mayra Salazar es un elemento importante para la investigación que realiza la Fiscalía, sin embargo, cada detalle de lo que declaró debe ser sustentado.
Ramiro García, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, dice que el Ministerio Público debe demostrar que existió una acción constitucional tergiversada, por un cobro, en el caso contra el Banco del Pacífico.
Explica que los acuerdos que hayan tenido los abogados de Salazar o de la institución financiera, al margen de la ley, no inciden en ese hecho.
El abogado penalista, Pablo Encalada, explica que cuando una persona hace una declaración debe obligatoriamente existir la corroboración para que sea válida en el proceso y se descarta como prueba.
“Si una persona dice que en la casa de la esquina se está vendiendo drogas, esa declaración en sí misma no constituye prueba, pero cuando encuentran la droga en ese domicilio, la colaboración fue eficaz porque efectivamente aportó con una evidencia que pudo ser corroborada”, explica Encalada.
Además, considera que el audio filtrado no demuestra que la versión haya sido manipulada.
Ambos abogados coinciden en que los defensores de los procesados en el caso Purga no desaprovecharán la oportunidad de posicionar la tesis de que el caso no tiene sustento y hubo manipulación de la prueba. García considera que es normal que utilicen ese argumento, pero que frente al juez eso no tendrá validez si las pruebas que entregue Fiscalía son contundentes.
“Mayra Salazar miente”, dice el abogado de Muentes, Diego Chimbo. Dice que sembraron la información y que le pagaron por dar su testimonio.
Las reacciones ante el caso Implacable no han tardado
Ricardo Noboa y su hijo, Esteban, abogados del Banco del Pacífico, son mencionados en el audio, reclamando que no colaboran. Por ello, el primero emitió un comunicado contando que sí hubo un acercamiento, por parte del abogado de Mayra Salazar, quien pedía un pago argumentando que su clienta benefició a la entidad financiera. Según Ricardo Noboa eso no se concretó.
Otra reacción vino del Partido Social Cristiano (PSC), organización política que cobijaba a Pablo Muentes.
El PSC insinúa que el caso se basa en elementos probatorios mal habidos.
“El citado audio, que tiene relación con ese banco, pone seriamente en tela de duda la versión de Salazar, al punto de que ha motivado la apertura de un nuevo caso”, dice el comunicado firmado por la directva del PSC.
Desde el correísmo también se cuestiona este hecho. La asamblesita Pamela Aguille convocó a las autoridades del Banco del Pacífico, Corporación Financiera Nacional y la UAFE para dar información del caso.
