Con el apagado de uno de los 247 pozos del ITT, el gobierno empezó el proceso para terminar con la explotación petrolera en el Yasuní, como lo ordenó más de la mitad de ecuatorianos en la Consulta Popular del 20 de agosto del 2023.
Cumplir ese mandato implicará movilizar 26 700 toneladas de materiales y equipos, cifra que consta en el informe que el gobierno presentó a la Corte Constitucional.
Según ese plan, se deberán desmantelar 11 plataformas de producción, una central de procesos, generadores eléctricos, un campamento en Puerto Miranda. Dos puertos, dos vías de acceso que suman 32 kilómetros y tres líneas de flujo con 82 kilómetros de tuberías y cables.
En total, según el gobierno, son 6 000 bienes instalados y otros 3 000 ítems en bodegas.
Todo el material deberá ser transportado en cuatro gabarras por el río Napo hasta una locación ubicada cerca de El Coca. Tienen capacidad para 150 toneladas y cada viaje demorará cinco días, por lo que el traslado tardará cinco años.
“Cumplir con lo dispuesto en la consulta popular de agosto del 2023, donde se votó a favor del cierre del ITT, es un trabajo que requiere planificación, una logística especial, técnica, ordenamiento. Se ha priorizado un plan de trabajo para este cumplimiento de este mandato en el cual recomendamos que se haga en un plazo de cinco años y cinco meses”.
Otra parte del trabajo será trasladar 582 000 metros cúbicos de escombros y material pétreo. La primera parte se hará por tierra hasta Puerto Miranda y San Carlos y, si se usarán 20 volquetas, ese trabajo tardaría 8 años, según el documento del Gobierno, que no especifica cuántas volquetas se necesitarán para hacerlo en cinco años y cinco meses de plazo establecido en el documento.
El cronograma del gobierno empezará el 1 de octubre, cuando se empezarán a cerrar los demás pozos. 10 de ellos en lo que queda del año.
