La enemistad entre Construye y el Gobierno se ha intensificado con el paso del tiempo. Ahora, los señalamientos son más graves y las represalias, según ADN, se han evidenciado en las votaciones de la Asamblea Nacional, donde la bancada de María Paula Romo no ha tenido reparos en coordinarse con el correísmo.
Romo, por su parte, acusa al Gobierno de mover sus influencias en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para lograr la cancelación de la organización política, incluso designando en cargos a personas cercanas a los jueces.
Construye sospecha que el Gobierno ha gestionado cargos para influir en el TCE
Al inicio del Gobierno, la bancada de María Paula Romo tomó una postura de oposición, cuando se conformó un pacto entre ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC).
Luego, Construye consignó votos para los proyectos económicos urgentes que presentó el presidente Daniel Noboa, y cuando parecía que las tensiones habían bajado, el jefe de Estado dijo que Construye es solo una “basurita en el ojo”, en una entrevista radial el pasado 4 de enero.
También hubo un momento de buena lid cuando el movimiento decidió respaldar al Mandatario en todas las preguntas de la consulta popular. En ese entonces, los voceros argumentaban que el apoyo es a los cambios que planteaba el plebiscito y no a Noboa.
Sin embargo, la pugna llegó a su punto máximo, tras la consulta, cuando el Tribunal Contencioso Electoral emitió una sentencia en primera instancia para cancelar el movimiento político. Eso ocurrió a la par de que el Presidente rompía los acuerdos con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, lo que implicó la pérdida de poder en el Legislativo.
La reacción ante la resolución del TCE, fue culpar al presidente Daniel Noboa de influir en esa institución para deshacerse de Construye. La respuesta de parte de ADN vino por la línea de que el Mandatario respeta la independencia judicial y que los jueces están en el cargo mucho antes de que Noboa asuma la Presidencia.
Sin embargo, las sospechas se hicieron mayores con la designación de Dennys Bravo como director provincial de ADN en Loja, yerno del juez Ángel Torres, quien falló en contra de la organización política.
El asambleísta de Construye, Juan Carlos Camacho, dice que se enteraron de la designación por militantes de ADN, que se mostraban molestos porque había perfiles con mayor trayectoria en el movimiento.
Un caso similar, pero que involucraba una designación en una institución pública, ocurrió el pasado 30 de mayo, cuando el presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo para nombrar a Alba Guevara como directora general de la Unidad de Gestión y Regularización, quien es esposa del juez del TCE Guillermo Ortega, a cargo de sustentar la apelación a la sentencia, presentada por el movimiento de Romo.
Guevara envió una carta a Noboa diciendo que no conocía sobre su designación y que no había participado en ningún proceso de selección para el cargo. Finalmente, Ortega se excusó de conocer la causa.
El asambleísta Camacho dice que estos nombramientos les generan una sospecha y que “las evidencias van tomando cuerpo”.
En Construye tienen expectativas de lo que pueda determinar el TCE en la apelación, pero también guardan la esperanza de que el pronunciamiento se dé posterior al 14 de junio, día en el que se entrega el registro electoral con las organizaciones políticas registradas para las elecciones de 2025.
¿Construye, aliado al correísmo en la Asamblea?
Construye cuenta con 20 votos en la Asamblea Nacional. Si bien no conforman una mayoría ni son la bancada más numerosa, sí resultan consignas importantes al momento de decidir por leyes o juicios políticos.
En las últimas votaciones, se evidencia que Construye se ha pronunciado en la misma sintonía que la Revolución Ciudadana, según el asesor político de la bancada de ADN, Andrés Castillo. Además, cree que detrás hay intenciones electorale.
Hay varios ejemplos. Uno fue el 30 de mayo, cuando RC, PSC y Construye escogieron a la terna para la designación de los vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura.
El asambleísta Camacho defiende esa votación argumentando que se debe conversar con todas las bancadas y que el Gobierno se opuso a esa terna solo porque no tenían representación.
Otro caso se evidenció el mismo día, cuando la Asamblea aprobó una reforma para que el Legislativo pueda desestimar los vetos presidenciales con mayoría absoluta, es decir, solo 70 votos. Esa decisión perjudica a quien ocupa la Presidencia, quien pierde capacidad de maniobra.
También pasó lo mismo con la Ley aprobada para asignar recursos directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Esa decisión le quita recursos al gobierno central.
