La principal función del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es la designación de autoridades de control, mediante concursos de méritos y oposición o ternas presentadas por titulares de instituciones del Estado. La elección de esos funcionarios, principalmente en cargos claves como la Fiscalía o el Consejo Nacional Electoral (CNE), genera tensiones al interior del Cpccs, tal como ocurrió con el reciente concurso para escoger al presidente del Consejo de la Judicatura.
En ese trámite, una nueva mayoría, integrada por los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas, permitió la posesión de Mario Godoy.
Ahora, hay expectativas de las posturas que tomarán esos vocales respecto a las autoridades que les presiden, así como en los concursos de selección próximos.
La tarde del 16 y la mañana del 17 de julio de 2024 se rumoraba que los consejeros del correísmo buscaban apelar la presidencia de Andrés Fantoni y tomar votación para escoger como reemplazo a la expresidenta Bonifaz. Ese plan no se ha concretado por el momento.
Fantoni dijo que no está apegado a la Presidencia, pero reconoció la “madurez” con la que actuaron los consejeros en la sesión de ayer.
El Cpccs tiene una larga cola de designaciones pendientes para el periodo actual, así como para el 2025. Algunos procesos llevan años estancados y otros avanzan a paso lento. Las decisiones, finalmente, dependen de quienes tengan los votos en el pleno de la función de Participación.
Por ejemplo, el titular de la Defensoría del Pueblo tiene la figura de encargo, desde septiembre de 2021, cuando el Cpccs resolvió designar a César Córdova de manera temporal, en reemplazo de Freddy Carrión. Desde ese entonces, el concurso no avanza y está en etapa de integración de la comisión ciudadana de selección.
También hay la necesidad de designar autoridades en las Superintendencias de Compañías, de Competencia Económica y Economía Popular y Solidaria, que dependen de las ternas que envíe el Ejecutivo. En el Tribunal Contencioso Electoral está pendiente un concurso para la selección de dos jueces.
Sin embargo, el verdadero interés se centra en instituciones con mayor poder. En la misma Judicatura todavía hay nombramientos pendientes de cuatro suplentes y un titular. El consejero Guarderas dice que esperan concretar la designación del vocal titular, proveniente de la terna enviada por la Asamblea Nacional, hasta octubre. Al acabar esas designaciones, deben emprender los concursos para la renovación total, es decir, para remplazar a los siete miembros, hasta enero de 2025.
Controlar el Consejo Nacional Electoral también llama la atención de grupos políticos. La Procuraduría General del Estado emitió un pronunciamiento dando luz verde para la renovación total de los cinco integrantes, incluso en época electoral, puesto que el próximo noviembre se cumple el periodo de los consejeros que actualmente están en funciones. Ese proceso está en etapa de concurso de oposición, es decir, está pendiente que se reciban las impugnaciones de los participantes.
Otro cargo que desde este momento genera preocupación en ciertos sectores es el de Fiscal General del Estado, porque se trata de una institución en la que los grupos criminales intentarán tomar el mando.
El reemplazo de Diana Salazar debe escogerse para abril del próximo año. Es decir, el Cpccs debe comenzar con ese proceso lo antes posible. De hecho, ya hay un borrador de reglamento para la selección que ha generado alertas.
En ese documento, consta que no se aceptarán impugnaciones que tengan que ver con sanciones penales o administrativas en firme.
La abogada constitucionalista, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño ve como problemático que no se incluya evaluación oral en la etapa de oposición, además de que el Pleno del Consejo de Participación tiene mayor protagonismo porque atenderá las apelaciones a las notas del examen escrito, en lugar de la comisión de selección, como lo ha hecho en otras ocasiones.
También cuestiona que no se especifica que los postulantes tengan una formación en derecho Penal. Además, no identifica mecanismos para garantizar la paridad de género ni para evaluar la probidad de los candidatos.
El abogado penalista, Ramiro García, teme que profesionales capacitados para ese cargo prefieran no postularse porque no haya un Cpccs que garantice la transparencia ni un reglamento que dé garantías, por esa razón, llama a revisar el documento para que no se apruebe.
