La puja entre el ejecutivo y el legislativo motivada por el juicio político a la ministra Mónica Palencia tiene un precedente. En octubre de 2023, la Corte Constitucional sentó jurisprudencia respecto de las acciones constitucionales relacionadas a los juicios políticos en la Asamblea Nacional.
Lo hizo en el contexto de un proceso impulsado en 2020 por el entonces asambleísta Henry Kronfle en contra de quien era presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, por el uso de un carnet de discapacidad.
Cruz quiso frenar ese juicio mediante una acción de medidas cautelares, pero una jueza la negó. El trámite continuó y fue censurado y destituido en octubre de 2020.
La Corte Constitucional analizó la sentencia y dijo que:
“La justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político, ni tampoco para revisar la procedencia, conveniencia, o corrección del inicio, trámite y/o resultado de este”.
Y dejó clara la separación de funciones del estado:
“La justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos de naturaleza política, pues estos deben ser resueltos en la arena política y no trasladados a la esfera jurisdiccional”.
La Corte decidió que esos precedentes sean observados en adelante por los jueces constitucionales, que el Consejo de la Judicatura envíe a sus correos la resolución, y que esa institución y la Asamblea publiquen la sentencia en sus páginas web.
El cumplimiento de ese precedente será el examinado ahora por la misma Corte Constitucional a pedido del Presidente de la Asamblea.
Y esto luego de que un juez nuevamente intervino en una decisión del legislativo al ordenar que se retomen los juicios políticos de tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, antes del de la Ministra del Interior, Mónica Palencia.
