Ayer, 20 de noviembre de 2024, barreras de policías y cercas metálicas impidieron el paso de María Cristina Kronfle, Mónica Noriega y José Fernando Merino, vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), al edificio matriz, en el norte de Quito. Los tres intentaron asumir la titularidad, luego de que el 19 de noviembre terminó el periodo de la presidenta Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros Esthela Acero y José Cabrera, tras seis años en funciones.
Los forcejeos, las consignas contra los consejeros titulares y los carteles de rechazo a la administración actual, fueron parte del paisaje. Sin embargo, ese evento solo fue el auge de un conflicto que ha venido creciendo y que pudo prevenirse con la designación oportuna de los reemplazos, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
También hay un pedido de seguimiento a un dictamen de la Corte Constitucional de 2019, que establece que los periodos son definitivos e inalterables. Si la institución determina que no se está cumpliendo con las decisiones tomadas por la Corte puede interferir para que se respeten.
Manifestantes se concentraron en los exteriores del CNE. ( API )
Manifestantes se concentraron en los exteriores del CNE. ( API )
Funcionarios intentando ingresar al CNE. ( API )Los consejeros titulares se escudan en un pronunciamiento de la Procuraduría.
El pasado 7 de noviembre de 2024 el Consejo Nacional Electoral remitió dos preguntas a la Procuraduría General del Estado (PGE). La primera, para consultar si los miembros del CNE deben prorrogarse en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designe a sus reemplazos; y la segunda, en el mismo sentido, pero con particular énfasis por la presidenta y el vicepresidente.
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La entidad respondió, el 15 de noviembre, que los funcionarios deben permanecer en los cargos hasta que se posesionen los sucesores, entre otros argumentos, por la estabilidad institucional en medio del periodo electoral, a propósito de los comicios de 2025.
La PGE cita pronunciamientos anteriores, de 2017 y 2021, y responde que no es necesario un nuevo criterio, cuando ya hubo anteriores que están vigentes; además, las leyes que los sustentan no han cambiado.
Con base en la interpretación que hace el CNE a lo dicho por la Procuraduría, Atamaint, Pita, Acero y Cabrera permanecerán en sus funciones.
Los cuatro han conformado una mayoría, dejando de lado a la consejera Elena Nájera, quien rechazó la respuesta de la Policía ante el plantón de los vocales suplentes y hasta ofreció renunciar si sus compañeros son retirados.
Los consejeros suplentes argumentan que no cabe la prórroga
Los consejeros suplentes del CNE, en cambio, creen que hay un erróneo análisis del pronunciamiento de la Procuraduría porque cita el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en el que consta que aplicará la prórroga cuando no existiere un suplente.
Merino, Noriega y Kronfle explican que en 2017 no había suplentes, pero que ahora los titulares deben dar un paso al costado porque les corresponde a ellos asumir, además de Hugo León.
Ese criterio tiene el respaldo de algunos expertos, por ejemplo, el abogado constitucionalista José Chalco – Salgado considera que en la ley no está contemplada la prórroga de funciones.
El consejero del Cpccs, Juan Esteban Guarderas, también defiende a los suplentes y considera que existiría una vulneración de derechos si no asumen funciones.
Otra consecuencia de las demoras en el Cpccs
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el organismo a cargo de designar a las autoridades del CNE, mediante concursos de méritos y oposición. Sin embargo, la inestabilidad de la institución ha impedido que se puedan concretar los procesos de selección.
De hecho, a mitad del periodo, en 2021, debió darse la renovación parcial de dos consejeros, pero el concurso no avanzó, se estancó por acciones judiciales y por la transición de una administración a otra en el Cpccs.
Y hasta el 20 de noviembre tenía que nombrarse los otros tres reemplazos. Nada se ha concretado y parece enredarse más.
Saltó una alerta de que María de los Ángeles Bones, una de las integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial del CNE, es candidata también a esa dignidad.
Tras resolver ese embrollo, la comisión deberá acordar el cronograma de trabajo. Los miembros del Cpccs esperan que se resuelva el embrollo entre enero y febrero del próximo año. Es decir, podría haber cambios parciales entre los miembros del CNE, justo a vísperas de las elecciones de 2025, en las que los ciudadanos escogerán al próximo Presidente, asambleístas y parlamentarios andinos.
