A un mes de que el alcalde Jorge Yunda fue llamado a juicio por el delito de peculado aún no se conoce el Tribunal de Juzgamiento

Por el delito de peculado ocurrido en la adquisición de pruebas PCR para detectar Covid-19 en el Municipio de Quito son procesadas catorce personas.

Un mes después de que se llamó a juicio al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y trece personas más a quienes se les acusa del delito de peculado ocurrido aparentemente en la compra realizada por la Secretaría de Salud de Quito de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19, las defensas de los procesados aún no han sido notificados de la conformación del respectivo Tribunal de Juicio.

Un total de cinco día duró la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que, la madrugada del viernes 30 de abril pasado, después de más de catorce horas, el juez de la causa y presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, resolvió llamar a juicio a los catorce involucrados.

El alcalde de Quito fue acusado por la Fiscalía y llamado a juicio en calidad de autor mediato; mientras que como autores directos del delito de peculado a Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), y Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumed S. A., con quien contrató el Municipio de Quito.

Los restantes once procesados, entre quienes están la actual secretaria de Salud del DMQ, Ximena Abarca, y la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán, fueron acusados por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, como coautores del delito de peculado.

Nicolás Salas, abogado de la secretaria Ximena Abarca, cree que el proceso ha estado demorado en lo que tiene que ver con el sorteo de los jueces de la Corte Provincial de Pichincha que deben asumir la etapa de juzgamiento. Recuerda que comúnmente estos procedimientos duran dos semanas o un poco más, pero ya ha pasado un mes del llamado a juicio que se dio en la causa.

“Si es un poco preocupante el tema de la demora. Esperemos que todo se esté dando de manera adecuada, sin ningún cálculo político, sin ninguna finalidad de perjudicar a ninguna de las partes”, dijo.

Salas sostiene que el hecho de que exista un personaje público como el alcalde Yunda, de alguna manera, incluso, contamina el caso por el tema de la política más que por la figura en sí mismo.

“Nosotros defendemos que no existe delito respecto a nadie, pero más allá de eso el hecho de que el alcalde se encuentre ahí como uno de los procesados va a ser que este caso cobre mayor relevancia en los medios, en el aspecto político y eso de alguna manera termina afectado a todos los procesados”, apuntó Salas.

Doce días después de que el alcalde Jorge Yunda fue llamado a juicio el grupo de abogados liderado por Juan Pablo Albán se aparta de la defensa de Yunda al no llegar a acuerdos en ciertas condiciones planteadas para continuar con la representación legal.

“Le propusimos unas condiciones particulares, varias condiciones, el cliente estuvo de acuerdo con algunas de esas condiciones, con otras no, entonces nosotros estimamos que en esas circunstancias no corresponde que sigamos interviniendo, porque no le tenemos miedo a la pelea, pero si nos parece que las condiciones para el ejercicio de la defensa son complejas”, explicó.

Albán aclaró que a él no le corresponde decirle al alcalde que se vaya o que se quede en su cargo, pues dijo es su abogado, más no su asesor político. Lo que sí reconoció Albán es haberle hecho notar al alcalde que la “contaminación política compromete el desarrollo de la causa”.

Jorge Yunda enfrentará esta semana dos sesión extraordinarias en el cabildo capitalino, en las cuales se definirá si continúa o no al frente del Municipio de Quito. La decisión

Además, el fiscal Santillán continuando con la investigación del delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Geinco y en el que también está siendo investigado Yunda, espera obtener este lunes las versiones de Oswaldo Jarrín, exministro de Defensa y presidente de Consejo Directivo del Issfa; del general Luis Lara Jaramillo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y miembro del Consejo Directivo Issfa; y al general Luis Altamirano, excomandante General de la Fuerza Terrestre y miembro del Consejo Directivo del Issfa. 

Fuente: El Universo (T.F.)

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