Aún se desconoce si colocará una placa con el mensaje: “Ningún poder del Estado está por encima del poder constitucional”, como lo dispuso un juez.

La Asamblea Nacional colgó en su portal institucional un anuncio en el que pide disculpas públicas a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por orden de un fallo constitucional en el trámite de una acción de protección.

Al finalizar la tarde de este 13 de diciembre, apareció un mensaje en el espacio dispuesto para las noticias de la Asamblea Nacional, en el que sin ningún título, se observa un texto que señala: “En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de acción de protección 23303-2022-01419, la Asamblea Nacional del Ecuador presenta disculpas públicas a los ciudadanos Graciela Ibeth Estupiñán Gómez, María Fernanda Rivadeneira Cuzco, Francisco Lorenzo Bravo Macías y Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por la vulneración de sus derechos”.

El pasado 7 de diciembre, el juez de La Concordia, Ángel Lindao resolvió una acción de protección que presentó un dirigente social, Manuel Párraga en contra de la resolución del 18 de noviembre del 2022, en la que la Asamblea Nacional determinó la censura y destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, en el trámite de un juicio político.

Los otros tres consejeros, Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, no fueron convocados a comparecer en esta interpelación.

El demandante argumentó que la decisión de los asambleístas se tomó sin que haya existido un informe de sustanciación del juicio político que haya sido aprobado previamente por la Comisión de Fiscalización, afectando, entre otros derechos, el de la defensa.

El magistrado aceptó el recurso constitucional y esgrimió que se vulneró el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica y, como medidas de reparación dispuso declarar la nulidad absoluta del juicio político por haber “precluido” en la Comisión de Fiscalización sin que se haya aprobado un informe con recomendaciones.

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