Candidaturas y registro de grupos políticos están supeditados a las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral.

Quito –

Una vez que concluyó la etapa de solicitud de inscripciones de candidaturas para la contienda electoral del 7 de febrero de 2021, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se convierte en un actor clave para definir quiénes finalmente participarán.

Durante el periodo electoral, el Tribunal es el órgano de última instancia para resolver impugnaciones y recursos relacionados con las organizaciones políticas y los candidatos. Esto implica que una candidatura no estará formalmente inscrita hasta que el TCE no haya resuelto una impugnación, que de acuerdo con los plazos legales puede tomar hasta 30 días emitir una resolución.

Está integrado por cinco jueces principales, cinco suplentes y recientemente se designó a cuatro conjueces en el caso de que los rebase su capacidad para tramitar recursos, pues las cifras iniciales hablaban de que para estos comicios habrá 6.000 candidatos que buscarán llegar a ser presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales, del exterior, y parlamentarios andinos.

En el interior del TCE fuentes que pidieron la reserva indicaron que existe una división de cuatro a uno. Ese uno, es Ángel Torres Maldonado, a quien lo identifican con el movimiento CREO, y quien suele salvar su voto frente a las decisiones de la mayoría.

Torres, junto a Joaquín Viteri y Fernando Muñoz fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-t), mientras que Arturo Cabrera y Patricia Guaicha fueron ratificados en el cargo, al no ser considerados en el proceso de evaluación de autoridades en el 2018.

Torres es abogado y docente. Fue diputado por Zamora Chinchipe en el Congreso Nacional entre 1996 y 1998. Ha desempeñado cargos en la Asociación de Municipalidades, en Petroecuador.

Viteri fue postulado por la Función de Transparencia y Control Social para asumir como juez encargado del TCE en la etapa de evaluación que hizo el CPCCS-t, y fue su presidente.

Abogado, es reconocido por su trayectoria y conocimientos en materia de seguridad social, pues ocupó por varios años el cargo de director del IESS a finales de los 90. Fue reelegido por el extinto CPCCS transitorio.

Muñoz, también abogado, su carrera ha estado vinculada a la academia en la Universidad Tecnológica Equinoccial y fue parte del extinto Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup).

El actual presidente del TCE, Arturo Cabrera, estuvo a punto de ser cesado por el CPCCS-t, pues el informe previo recomendaba «cesarlo anticipadamente».

Fue asesor de la Asamblea Constituyente del 2008, asesor de la Corte Constitucional (CC), director de la delegación electoral de Pichincha, asesor en el despacho del exasambleísta correísta Virgilio Hernández. Fue consejero suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y juez suplente del TCE.

En la audiencia ante el extinto Consejo, un 27 de agosto de 2018, aseguró que los cargos desempeñados durante el régimen de Rafael Correa no implicaba que tenía una «amistad». «No he llegado con el favor de nadie, con el impulso de nadie. A Omar Simon (expresidente del CNE y exfuncionario de Correa) lo conozco porque fui funcionario electoral, pero no tengo una relación de amistad. No tengo afinidad política. A Gabriela Rivadeneira (expresidenta de la Asamblea) no la conozco», dijo a los entonces consejeros.

Relató que fue perjudicado en sus puntajes para evitar su llegada a ser consejero del CNE, del TCE y del mismo CPCCS.

Guaicha es la vicepresidenta del Tribunal, abogada, su carrera en el sector público la ha hecho en Azuay, de donde es oriunda, como procuradora síndica del Municipio de Chordeleg y exconcejal.

Ella no fue evaluada por el CPCCS-t, pues se principalizó el 15 de mayo, en remplazo del exjuez Patricio Baca.

Cabrera y Guaicha enfrentan ahora una demanda en la CC, planteada por el colectivo Acción Jurídica Popular, quienes piden que el CPCCS realice el concurso de méritos para renovarlos.

Sustentan que fueron elegidos para un periodo de seis años que «feneció» en junio del 2018, «siendo lógico que concluyera también el periodo de los jueces que los remplazaron», pero «se encuentran prorrogados», cita la demanda.

En octubre del 2019, el CPCCS dio un primer pronunciamiento que, con el voto afirmativo de seis de siete consejeros se decidió mantenerlos, acogiendo un informe jurídico interno que recomendaba alinearse al dictamen de la CC, que determinó que las decisiones del Consejo Transitorio no pueden ser revisadas.

En el marco de las elecciones nacionales, Cabrera es cuestionado por un grupo de juristas que en una carta pública le reclaman que haya emitido una sentencia en la que declaró «inaplicable» el reglamento de Democracia Interna, que obliga a los precandidatos a aceptar su nominación de forma personalísima.

El 8 de octubre también admitió a trámite un recurso subjetivo planteado por la alianza Unión por la Esperanza (UNES) en contra de la resolución del CNE, que negó una objeción a las candidaturas presidenciales de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero por la alianza CREO-PSC.

UNES acusa a Lasso de tener impedimento para postularse, porque tendría capitales en paraísos fiscales.

La mirada se vuelca hacia los cinco jueces porque deberán resolver en última instancia si revocan la decisión del Consejo de eliminar a cuatro grupos políticos del Registro de Organizaciones Políticas, como lo recomendó la Contraloría del Estado.

La ley que rige a la Contraloría, dispone que sus recomendaciones son de obligatorio cumplimiento. Pero Cabrera y Muñoz decidieron en la última semana derogar la decisión del CNE, en el caso del movimiento Juntos Podemos y Justicia Social y los habilitaron a participar en estas elecciones. Sobre Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social aún no hay sentencias.

A la par, se tramita una acción de dirimencia de competencias en la CC, con la que el contralor Pablo Celi busca que se acojan sus recomendaciones, frente a las decisiones de la Función Electoral.

Fuente: eluniverso.com (T.F.)

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