Carpintero de 74 años, quien firma como gerente de varias empresas vinculadas, dijo que trabaja para un implicado

La investigación de la Fiscalía incluyó esta semana operativos y allanamientos que dejaron a siete detenidos, entre ellos dos altos funcionarios.

En la modesta villa 18 de una ciudadela, al sur de Guayaquil, se encontraba el mediodía del jueves pasado Néstor Medina, un carpintero de 74 años que figura como gerente de una empresa considerada por la Fiscalía como vinculada en la trama de millonarias coimas de Petroecuador.

Esa investigación incluyó esta semana operativos y allanamientos que dejaron a siete detenidos, entre ellos dos altos funcionarios: el subcontralor Pablo Celi y el exsecretario de la Presidencia y exministro de Energía y Minas, José Agusto Briones.

“Yo no sé nada de eso, no me han informado. Cualquier noticia, cualquier cosa viene por correo electrónico. La única persona que me puede pasar correo electrónico es Andrés Luque, el único que está autorizado a que me informe cualquier cosa es Andrés Luque”, aseguró algo nervioso Néstor, a quien hay que hablarle con voz alta porque padece de sordera, dijo un familiar.

Néstor no quiso dar detalles, pero confirmó que ha firmado documentos a pedido de Andrés Luque Cervantes, un guayaquileño, de 43 años, detenido en el operativo de la Fiscalía, entidad que lo investiga por cumplir supuestas funciones de intermediación, -a través de su compañía Fraxianer S.A.-, para recibir los pagos indebidos de las empresas contratistas de Petroecuador.

Luque consta como accionista y Néstor Medina como gerente de Fraxianer S.A., firma domiciliada en Guayaquil, creada en el 2012, que se encuentra activa y que hasta el 2019 ha registrado ingresos por $ 4,1 millones, según sus informes financieros.

Este Diario se contactó con los teléfonos de Luque y de su empresa, pero hasta el cierre nadie atendió las llamadas. Además de Fraxianer S.A., Andrés Luque está ligado a una docena de compañías, en unas figura como socio y en otras como representante legal.

En la firma Royal-Technology S.A. consta, por ejemplo, como gerente general, según los registros. Royal-Technology fue creada en el 2017 y se dedica a “actividades de informática”. En el 2019 reportó ingresos por $ 356 mil y este año, el 9 de abril pasado, se le adjudicó el primer contrato público por $ 996 mil.

La adjudicación la dio el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información. Su director, Christian Villarroel, acogió la recomendación de una comisión técnica que seleccionó a Royal-Technology para el contrato de “Suscripción de licencia de contención y monitoreo de amenazas de ciberseguridad”, con una duración de 760 días.

Según el proceso, el IESS requiere potenciar su sistema informático para evitar colapsos técnicos como los que se dieron en agosto del 2020, en que “hubo intermitencias en los servicios” debido al incremento inusual de conexiones.

En ese episodio no se registró afectación en las bases de datos del IESS, se señala en un informe que justifica la contratación con Royal-Technology S.A.

En un comunicado, el IESS explicó la adjudicación con el proveedor Royal-Technology y mostró certificados que señalan que esta empresa es la única calificada como ‘distribuidor autorizado’ de la empresa extranjera Centripetal, que tiene las licencias de las soluciones tecnológicas requeridas por el IESS. Además el IESS anunció a este Diario que pese a haberse dado la adjudicación a esa empresa, el contrato no se firmará con el mencionado proveedor. 

Fuente: El Universo (T.F.)

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