CASO SOBORNOS, INVESTIGACIÓN QUE LLEVA ABIERTA CASI 200 DÍAS.

El 5 de noviembre próximo, Pamela Martínez y Laura Terán, asesora y asistente de la Presidencia de la República, respectivamente, cumplirán seis meses de haber recibido una orden de prisión preventiva por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias dentro del caso antes llamado Arroz Verde y ahora Sobornos 2012-2016.

En mayo pasado ellas eran acusadas de formar parte de una organización conformada por entonces funcionarios públicos y empresarios. Según Fiscalía, ambas habrían «administrado y movido fondos mediante un intrincado sistema de recaudación de dinero en efectivo y mediante cruce de facturas».

Veintiséis días después de la formulación de cargos de Terán y Martínez, el exsecretario de Presidencia, Alexis Mera, y la exministra María Duarte, eran detenidos y procesados por el delito de concusión. Como elemento de acusación se presentaba la pericia a un documento de ocho hojas escrito aparentemente por Martínez en el que se habría descubierto disposiciones de entrega y distribución de dinero a Mera y Duarte, así como a otras personas.

El exministro Vinicio Alvarado también era requerido por la justicia para ser detenido con fines investigativos. Hasta el momento él no ha sido detenido por la Policía.

Para el 19 de junio pasado, Fiscalía reformuló cargos contra Mera y Duarte y pasó de investigarlos por el delito de concusión a hacerlo por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Debido a que los hechos del caso Mera Duarte guardaban relación con la causa de Terán y Martínez ambos procesos se acumularon por orden judicial.

De cuatro procesados para junio pasado, el caso pasó a tener una lista de 26 sospechosos al 8 de agosto último. Fiscalía vinculó a diez exfuncionarios públicos, entre los que resaltaban los nombres de los exmandatarios Rafael Correa, Jorge Glas; los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solis; el exlegislador Christian Viteri y la asambleísta Viviana Bonilla.

Y además la lista la completaron doce empresarios a los que se les formuló cargos por haber entregado aportes para que se les entregue contratos en obras públicas.

La fiscal general Diana Salazar calificaba a Correa como el «líder» de una «bien estructurada organización delictiva» dedicada a recibir dineros a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado. Se analizaba el movimiento de dinero llegado desde personas vinculadas con la actividad empresarial, quienes entregaron recursos, en efectivo o a través del cruce de facturas, para pagar servicios cuyo principal beneficiario habría sido el movimiento Alianza País (AP).

A poco de cumplirse 200 días de abierta esta investigación, el 11 de noviembre próximo se espera que Daniella Camacho pueda instalar la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia iniciaría con la decisión que ha tomado la jueza respecto a si existen o no vicios que afecten la validez del proceso.

De declararse válido todo lo actuado en la causa, inmediatamente se instalará la segunda fase de la audiencia: la etapa preparatoria de juicio. Aquí se escuchará a la fiscal Salazar emitir su dictamen sólo contra 24 procesados, pues ella ya emitió un dictamen abstentivo a favor de Javier Noboa y del exfuncionario público Ítalo Centanaro.

Cifras de investigación

  • 26 investigados, entre ellos están los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas y quienes fueron funcionarios en su gobierno, una asambleísta en funciones, además de empresarios y un abogado.
  • 3 delitos se investigan por la entrega de aportes al movimiento Alianza PAIS entre los años 2012 y 2016. Estos son cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
  • 2 dictámenes abstentivos a favor de Javier Noboa e Ítalo Centanaro. Mientras, los otros 24 investigados están a la espera del dictamen fiscal.
  • 2 de las investigadas están en el Programa de Víctimas y Testigos: la exasesora presidencial de Rafael Correa y quien también fue jueza constitucional, Pamela Martínez; y su asistente Laura Terán.
  • 320 indicios recopilados durante toda la investigación de Fiscalía.
  • 1551 diligencias despachadas.
  • 16 personas investigadas en este caso tienen medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad.
  • 1 investigado cumple arresto domiciliario: el ex secretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera.
  • 35 audiencias privadas realizadas en el Departamento de Criminalística.
  • 3 testimonios anticipados: Laura Terán, Pamela Martínez y José Santos.
  • 27 autorizaciones judiciales.
  • 700 cuerpos procesales y más.
  • 120 días de instrucción fiscal. El caso empezó como Arroz Verde, nombre que tomó a raíz de la investigación periodística que denunció estos actos corruptos. La indagación se abrió hace seis meses. En julio pasado la Fiscalía General del Estado pasó a llamarlo Sobornos 2012-2016.
  • 9 personas tienen orden de prisión preventiva: Rafael Correa –quien reside en Bélgica–, Jorge Glas –recluido en la cárcel de Latacunga cumpliendo seis años de sentencia por asociación ilícita por el caso Odebrecht–, Vinicio Alvarado, Yamil Massuh, Mateo Choi, Walter Solís, William Phillips, Laura Terán y Pamela Martínez.
  • 208 versiones tomadas durante la investigación.
  • 167 versiones dadas de manera presencial.
  • 41 versiones tomadas vía Skype.
  • 55 pericias dispuestas.
  • 10 ampliaciones de pericia ordenadas.

Fuente: eluniverso.com

Deja tu comentario