CINCO DENUNCIAS PENALES LLEGAN A FISCALÍA EN CONTRA DE VOCALES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN.

Quito –

Cinco actores políticos presentaron denuncias penales en la Fiscalía General en contra de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por aprobar la creación de una comisión especializada que revise la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC) que hizo el organismo Transitorio.

Durante la mañana de este jueves, estos llegaron hasta la Fiscalía para denunciar las actuaciones del Consejo.

Geovanni Atarihuana, directivo del movimiento Unidad Popular (UP), dijo que ayer “el cura (José) Tuárez, presidente, y los vocales del Consejo cometieron un delito como es intentar revisar lo actuado por el Consejo transitorio violando la sentencia de la Corte Constitucional, y han cometido un delito”, expresó.

Raúl Tello, asambleísta del BADI, también presentó una denuncia en el mismo sentido, por incumplimiento de sentencia de una autoridad competente que está establecido en el artículo 282 del Código Integral Penal (COIP). 

Por este delito se acusó a los consejeros Rosa Chalá, Walter Gómez, Victoria Desintonio y José Tuárez, quienes la noche del miércoles aprobaron la creación de una comisión especializada que revise el proceso de selección de los jueces constitucionales.

Esto pese a que hay una sentencia de la misma Corte Constitucional en la que se emitió una sentencia interpretativa de que no se pueden revisar las decisiones del CPCCS porque se encontraba en un periodo extraordinario de funciones.

“Ellos no podían irse en contra de una sentencia”, indicó Tello y aseguró que tiene ya 70 firmas para iniciar el proceso de juicio político en la Asamblea Nacional.

Aclaró también que la Comisión de Participación de la Asamblea ya no volverá a convocar a Tuárez, y al contrario, deberá asistir a la Comisión de Fiscalización a presentar sus pruebas de cargo y descargo.

La legisladora de CREO, Jeanine Cruz, también presentó su denuncia bajo el mismo cuestionamiento del artículo 282 del Código Integral Penal, por incumplimiento de sentencia de autoridad competente.

“Esto es desacato. Este es un círculo de correístas que debe desmontarse”, dijo Cruz, quien acotó que deben ser llevados a juicio político.

“Es evidente que el seudosacerdote y sus acólitos quieren regresar al correísmo”, insistió la legisladora.

El Colegio de Abogados de Pichincha y el legislador Fabricio Villamar también presentaron denuncias en contra de vocales del Consejo de Participación Ciudadana.

Fuente: eluniverso.com

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