El pasado 31 de agosto, la Corte Constitucional (CC) dio paso al pedido de enmienda constitucional que plantea que el dólar conste en la carta magna vigente como moneda oficial de Ecuador. Esto en respuesta a un pedido del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para que esta defina la vía constitucional adecuada para hacer dicho cambio.

La propuesta fue realizada en septiembre del 2021 por el exlegislador correísta y actual candidato a la Alcaldía de Quito, Pabel Muñoz, con el apoyo de los integrantes de la bancada Unión por la Esperanza (UNES). El Consejo de Administración Legislativa (CAL) la admitió a trámite en junio del 2022 y Saquicela la envió a la CC al mes siguiente.

Muñoz planteó un cambio en el artículo 303 de la carta magna: “En el primer párrafo sustitúyase la frase ‘La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano’ por ‘El dólar de los Estados Unidos de América es la moneda oficial y de libre circulación en el territorio ecuatoriano’”.

Los legisladores de Unión por la Esperanza (UNES) presentaron en septiembre del año pasado una propuesta de enmienda a la Constitución para establecer al dólar como moneda oficial del país. Foto de Archivo Foto: El Universo

En su dictamen, con fecha del 30 de agosto pasado, la CC indicó que “la propuesta de enmienda no comporta cambio alguno en el diseño de la Constitución, no implica un cambio o transformación transversal de la misma, y no modifica o altera el carácter o elementos constitutivos del Estado o la estructura fundamental de la Constitución. Tampoco se restringen derechos o garantías constitucionales, y las disposiciones sobre el poder de reforma o cambio total de la Constitución se mantienen inalteradas”.

Y que la vía constitucional para hacer el cambio planteado es la prevista en el artículo 441, que señala: “El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea”.

María Isabel Enríquez, presidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, indicó que el dictamen de la Corte ya llegó al Parlamento, pero que CAL todavía no lo remite a la mesa.

Cuando esto ocurra, la Comisión elaborará un cronograma de comparecencias de expertos y sectores relacionados con el tema para que aporten insumos que permitan elaborar los informes de primero y segundo debate, que deben realizarse según los plazos constitucionales.

Enríquez comentó que la Corte no se pronuncia todavía sobre otras dos propuestas de enmiendas enviadas desde la Asamblea: una al artículo 299, para que las universidades públicas tengan cuenta propia en el Banco Central del Ecuador, realizada por la exlegisladora Amapola Naranjo; y otra al artículo 199, hecha por la exasambleísta Sofía Sánchez, quien planteó reformas a los requisitos para ser legislador.

En el actual periodo legislativo, la Comisión de Enmiendas ha tratado tres proyectos de reformas.

El primero surgió del exlegislador Washington Paredes, quien propuso un cambio al artículo 258 de la Constitución que se refiere a la conformación del Consejo de Gobierno de Galápagos. Esto fue negado en el pleno de la Asamblea Nacional por sugerencia de la mesa legislativa.

El segundo, del exlegislador Héctor Muñoz, plantea modificar el artículo 138, relativo al número de votos requerido para la ratificación de la votación en las objeciones parciales del presidente de la República. Fue enviado a la Presidencia de la Asamblea en marzo pasado y aún no pasa al pleno de la Asamblea.

Y, por último, el proyecto del exlegislador Marcelo Simbaña, que propone enmendar el artículo 120, numeral 12, de la Constitución para ampliar las facultades de la Asamblea Nacional con el objeto de reformar la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual del Ejecutivo, sin incrementar el monto estimado de ingresos y egresos; conocer los presupuestos de las empresas públicas; y aprobar que el Ejecutivo incremente los gastos en los casos en que se supere el máximo legal. En este caso, el informe para primer debate ya está listo y será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que continúe el trámite.

En los dos últimos casos, la Comisión de Enmiendas también propuso que sean negados. (I)

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