En la Comisión de Justicia no hubo unanimidad para aprobar el informe que irá al segundo debate del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto en caso de violación. El Pleno de la Asamblea recibirá dos propuestas, que no tienen carácter de vinculantes.

El mayor desacuerdo se dio en el plazo máximo para que las víctimas puedan acceder a la interrupción del embarazo, algo que ya evidenciaron las bancadas cuando se cerró el primer debate hace 38 días en el hemiciclo.

La última sesión culminó a la medianoche de ayer, domingo 16 de enero del 2022, en vísperas de que termine el cronograma que se autoimpuso la Comisión para entregar el proyecto.

Al final, con los votos del presidente de la mesa, Alejandro Jaramillo, su coidearia de la Izquierda Democrática (ID), Johana Moreira; Dina Farinango y José Chimbo, de Pachakutik; José Agualsaca, Gisella Garzón y Jahaira Urresta, del correísmo, se aprobó un informe de mayoría.

El informe de minoría, en cambio, será presentado al Pleno por el resto de los integrantes de la Comisión de Justicia: Sofía Espín (Unes), Dalton Bacigalupo (ID) y Ricardo Vanegas (Pachakutik).

En relación con la temporalidad, la propuesta de mayoría sugiere que en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar hasta la semana 22 de gestación.

En el caso de las mujeres de 18 años en adelante podrá aplicarse este procedimiento hasta las 20 semanas de gestación (5 meses); y, para aquellas con discapacidad mental se aplicarán los protocolos ya establecidos por el Ministerio de Salud, agrega.

El planteamiento inicial era que se pueda interrumpir el embarazo hasta los siete meses de gestación. Después de una ola de críticas, Moreira –quien en principio no estuvo de acuerdo con ningún plazo- pidió reconsiderar la decisión para generar mayor posibilidad de consensos en el Pleno.

Garzón resaltó que para la elaboración de texto se recibió criterios de organizaciones de la sociedad civil, víctimas, casas de acogida, especialistas, entre otros.

Sin embargo, Espín y Vanegas votaron en contra y Bacigalupo se abstuvo. Ellos acordaron que entregarán un informe de minoría.

“El procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación consiste en la práctica del aborto médico a víctimas de violación hasta las seis semanas de edad gestacional para mujeres mayores a 18 años y hasta 12 semanas de gestación para niñas, adolescentes menores a 18 años, mujeres de la ruralidad y mujeres con discapacidad”, indica la propuesta.

Fuente: El correo

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