El expresidente Rafael Correa, en una polémica entrevista, dice que volver a Ecuador sería «un suicidio». Dice que la Justicia falló a favor de Jorge Glas porque ya siente «el apoyo que tiene la revolución ciudadana».

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha atribuido a la «corrupción» de las actuales instituciones y al «destrozo» de las estructuras dejadas por su Gobierno la actual crisis de inseguridad que vive el país y que tiene entre sus principales focos las cárceles, donde el exmandatario teme incluso que haya una inacción «deliberada» por parte de las autoridades en busca de una «limpieza social».

Correa ha negado que se pueda culpar a sus diez años de gestión (2007-2017) de todos los males acaecidos sobre Ecuador y, en el ámbito de la seguridad, ha defendido desde Bruselas que dejó el país como el segundo más seguro de toda América Latina, sólo por detrás de Chile.

El actual presidente, Guillermo Lasso, ha hecho precisamente de la lucha contra la inseguridad uno de sus principales mantras de Gobierno, para lo cual ha tomado medidas excepcionales en las regiones y ciudades más violentas, como Guayaquil, y ha prometido reformas del sistema penitenciario, que suma ya cientos de muertos en protestas en estos últimos años.

«No puede haber tal magnitud de ineptitud», ha sentenciado Correa, que ha planteado una «conjetura» basada en «indicios» para cuestionar la verdadera voluntad del Gobierno en el ámbito penitenciario. «Para mí ya es deliberado, es que esta derecha busca limpieza social, porque no pueden ser ineptos de haber podido controlar (la crisis) en tres años, porque desde 2019 tenemos esta clase de masacres», ha apostillado.

En este sentido, considera «ridículo» que se pueda seguir culpando a su Gobierno y a sus supuestos «narcopolíticos» de las emergencias de hoy. «Lo aceptaría gustoso si esto resolviese el problema, pero la gente está muriendo», ha dicho Correa, quien ha ironizado con el argumento de que bajo su mandato no había tanta inseguridad porque pactaban con las mafias. «¿La conclusión lógica? Pacten de nuevo, al menos no había tantos muertos«, ha apuntado.

Sobre la propuesta de elaborar un censo de reclusos a nivel nacional, Correa ha considerado que esta medida demuestra que «han perdido el control», habida cuenta de que «no debería existir censo si hubiese registros adecuados«. Asimismo, ha denunciado «corrupción» en el seno de instituciones clave como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).

El expresidente ha atribuido la actual situación a los esfuerzos de las administraciones de Lasso y del «traidor» Lenín Moreno -antiguo aliado de Correa- por «destrozar» la institucionalidad y por dejar atrás «una visión de Estado», dentro de la cual todos los organismos trabajaban en común y se impulsaron iniciativas como el sistema ECU911 o las «policías comunitarias», implicadas a nivel local.

Correa y su insistencia en el lawfare

Correa siente que tanto él como su entorno han sido víctimas de una «brutal persecución» en el que el «partido judicial» y el «partido mediático» han servido de brazos ejecutores al servicio del Gobierno de turno, primero de Moreno y ahora de Lasso.

Correa tiene una condena pendiente de ocho años de cárcel por el denominado ‘caso Sobornos’, que considera «paradigma del ‘lawfare‘» o utilización política de la Justicia a nivel mundial. Ha denunciado que este juicio, «el más rápido de la historia», sólo se utilizó como herramienta para impedirle su inscripción como candidato en las últimas elecciones.

Correa intentó regresar como aspirante a vicepresidente y, después, como candidato a la Asamblea Nacional, en ambos casos sin éxito por las trabas burocráticas. «Si yo era candidato y estaba en Ecuador, les ganábamos las elecciones», ha apuntado, asumiendo que si triunfó un candidato «malo» como Lasso fue por la ausencia de un rival de envergadura.

El antiguo dirigente ecuatoriano percibe, sin embargo, que las cosas están comenzando a cambiar. La semana pasada, la Justicia anuló una de las sentencias condenatorias contra su otrora vicepresidente, Jorge Glass, y según Correa es porque, ahora que se está evidenciando el «inevitable» apoyo social a la «revolución ciudadana», hay «jueces que hacen lo que siempre debieron hacer.

De hecho, ha afirmado que las autoridades ecuatorianos van cada vez más a contracorriente, defendiendo que goza en Bélgica de «asilo político». «No es un Estado fallido, no es un Estado bolivariano, ni siquiera es un Estado latinoamericano», ha añadido.

Correa ha acusado al Gobierno y a sus supuestos cómplices de «robar la democracia al pueblo ecuatoriano» y deja claro que, «si es necesario para recuperar el país», volverá a ser candidato -«pero eso es el medio, no el fin», ha matizado a continuación-. «Si fuera candidato a presidente les gano, modestia aparte, en primera vuelta», ha declarado.

También ha reconocido que no volverá a Ecuador mientras no goce de la inmunidad que, por ejemplo, le concedería una candidatura electoral oficial, ya que lo contrario «sería suicida». Correa ha insistido en que no se fue «huyendo», ya que cuando se mudó a Bélgica lo hizo «sin una infracción de tránsito», pero tiene claro lo que puede ocurrir si vuelve a día de hoy: «Si regreso a Ecuador, me meten preso».

En Bélgica está «relativamente seguro», si bien ha recordado el reciente intento de asesinato contra Cristina Fernández en Argentina para advertir de que su aliada está «viva de milagro». «Inoculan tanto odio que cualquier orate cree que dispararle a un dirigente progresista lo convierta en héroe«, ha señalado. (Europa Press)

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