Corte Nacional autoriza dentro del caso Las Torres allanamientos en dos inmuebles que estarían relacionados con el contralor (s) Pablo Celi y su hermano

Noventa días durará la etapa de instrucción fiscal que se abrió por el delito de delincuencia organizada contra nueve personas.

Como parte de un acto urgente dentro del caso Las Torres en el que se investiga a nueve personas por el delito de delincuencia organizada, un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) autorizó a la Fiscalía General el allanamiento de dos inmuebles ubicados en el norte de Quito que estarían relacionados con el contralor subrogante Pablo Celi y su hermano Esteban Celi, ambos procesados en esta causa.

El pedido hecho por la fiscal general, Diana Salazar, tendría como antecedente el que ha llegado a conocimiento de la Fiscalía General del Estado un parte policial, del 16 de abril pasado, en que se da a conocer que “a base de información reservada” se tiene conocimiento de la existencia de dos inmuebles que mantendrían relación familiar con Pablo y Esteban Celi De la Torre y aparentemente existía la “probabilidad de encontrar posibles indicios…”.

Los inmuebles para los que existía la orden de allanamiento se ubican en el edificio El Conquistador, en la avenida Seis de Diciembre y pasaje El Jardín, en el norte de la capital; y en la parroquia de Cumbayá en la urbanización Cumbres del Valle. La providencia con la que se autorizan los allanamientos fue emitida pasadas las 20:00 de este viernes 16 de abril.

En su cuenta de Twitter, Jorge Luis Ortega, abogado del contralor Celi, escribió: “La Fiscalía de Ecuador solicita a la Corte Nacional allanar dos inmuebles dentro del caso Las Torres de familiares del contralor (Celi). Uno está vacío, era de su madre que falleció, y el otro es de su hermana. Un atropello más; inteligencia de Policía de Ecuador falla”.

Nueve personas, entre ellas, el contralor Celi y su hermano; el exsecretario de Presidencia de la República, José Agusto Briones, y su hermano Luis Agusto Briones; Silvia L., Ángelo R., Andrés L., Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores; y Elsie Cueva, de 68 años, fueron detenidos en operativos realizados en Quito, Guayaquil y Samborondón, entre la noche del lunes y madrugada del martes últimos.

Contra los siete primeros procesados el juez de la CNJ Felipe Córdova ordenó prisión preventiva y desde la mañana del miércoles pasado fueron ingresados en la Cárcel 4, en Quito, los hombres; mientras que Silvia L., fue llevada hasta la cárcel de mujeres de Chillogallo.

En cambio, a Cueva no se le impuso ninguna medida cautelar, pero sigue siendo procesada, y a Cárdenas se le dispuso use grillete electrónico, presentación periódica cada ocho días y prohibición de salida del país.

La Fiscalía en esta causa investiga la existencia de un grupo de funcionarios y exfuncionarios públicos de la Contraloría General del Estado (CGE), de la empresa pública Petroecuador, de la Secretaría General de la Presidencia de la República y de personas particulares que conformaron una estructura organizada con la finalidad del cometer de delitos que atentan contra la eficiencia de la seguridad pública del país.

A Pablo Celi se lo investiga por delincuencia organizada por supuestamente haber solicitado y recibido la entrega de dineros a la empresa Nolimit S. A., por intermedio de su sobrino José Raúl De la Torre, sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos, para desvanecer cinco glosas que Nolimit mantenía en la Contraloría General del Estado por un monto aproximado a los $ 13 millones.

La delincuencia organizada por la que se abrió una instrucción fiscal de 90 días también incluirían hechos como la exigencia de dineros a cambio de disponer y asegurar el pago de planillas de Petroecuador a Nolimit S. A.

Fuente: El Universo (T.F.)

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