Dos años de gestión del Consejo de Participación Ciudadana matizados por tres presidentes y autoridades pendientes por elegir

En junio próximo, los siete consejeros deberán elegir a su cuarto presidente y organizar concursos públicos para escoger autoridades de seis instituciones.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cumplirá los dos primeros años de gestión en junio próximo, empañados por las acciones irregulares de dos de sus expresidentes y con una propuesta en ciernes de una consulta popular para plantear su eliminación.

En 2018, el presidente saliente, Lenín Moreno, promovió un referéndum que, entre otros cambios, determinó que los siete consejeros sean electos por voto popular.

Después de las elecciones seccionales del 2019 y de los vocales del CPCCS, el 13 de junio, la Asamblea Nacional posesionó a José Tuárez, Victoria Desintonio, Christian Cruz, Rosa Chalá, Walter Gómez, Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeneira.

Tuárez fue electo presidente y Chalá como vicepresidenta. Pero duraron en sus cargos apenas dos meses, pues por intentar conformar una comisión de juristas que revisen las actuaciones del CPCCS de Transición fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, en conjunto con Walter Gómez y Victoria Desintonio.

El 20 de agosto de 2019 ascendió a la presidencia Christian Cruz y Sofía Almeida como vicepresidenta. Se incorporaron los suplentes David Rosero, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y Javier Dávalos.

El 13 de octubre, el Legislativo censuró y destituyó a Cruz por incumplimiento de sus funciones en el ejercicio del cargo. Además, él fue involucrado en supuestas irregularidades en la obtención de su carné con el 80% de discapacidad.

Con su salida se integró al pleno Hernán Ulloa.

En tanto que Tuárez, aunque ya no era presidente del CPCCS, fue detenido por el delito de asociación ilícita por la oferta de cargos públicos.

Fueron dos expresidentes que con las denuncias que enfrentaban afectaron la imagen del Consejo.

A mediados de junio, los consejeros deberán resolver la designación de sus nuevas autoridades, ahora están Sofía Almeida como presidenta y Francisco Bravo en la vicepresidencia.

Almeida indicó a este Diario que está en la “capacidad” de ser reelecta, pues solo está cumpliendo el periodo de Cruz.

La Ley del Consejo de Participación Ciudadana establece en su artículo 40 que la presidencia y vicepresidencia se ejercerá por dos años de manera alternada y secuencial entre hombre y mujer.

Esta elección está por definirse tanto en la alternabilidad de género como cuál de los consejeros se postulará y tendrá los votos.

Una de las tareas pendientes de la institución es la organización de procesos de elección de autoridades de seis entidades del Estado, entre las que están el titular de la Defensoría Pública; los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), que están prorrogados en funciones por tres años; siete integrantes del Consejo Intercultural del Agua, y otros dos delegados del Comité Intersectorial de Desarrollo Fronterizo.

Además, debe organizar el concurso de méritos y oposición para designar a dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte de su renovación parcial que debe efectuarse en noviembre próximo, con un sorteo público.

Y preparar la selección, también por méritos y oposición, del nuevo titular de la Contraloría del Estado, en lugar del subcontralor Pablo Celi, cuyo periodo termina en mayo del 2022 y que ahora guarda prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita.

De experiencias en procesos anteriores se estima que solo para las publicaciones reglamentarias en la prensa se requerirían alrededor de $ 100.000 y para el pago de las dietas de los comisionados ciudadanos que deberán realizar los concursos, unos $ 300.000.

En materia de lucha contra la corrupción, se han conformado más de cien veedurías ciudadanas.

Y sobre casos de investigación, el Consejo no entregó información actualizada. Sin embargo, según la rendición de cuentas del 2019, se presentaron 1.522 denuncias ciudadanas, de las que se hicieron 111 informes.

La institución, encaminada a su tercer año en funciones, podría enfrentar su posible eliminación en el marco de la propuesta de campaña del presidente electo, Guillermo Lasso, de convocar a una consulta popular para el efecto.

En tanto, Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, está a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC), después de que el pleno de la Asamblea Nacional no aprobó su iniciativa de reformar la Constitución para eliminar al CPCCS.

Fuente: El Universo (T.F.)

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