Representantes de las etnias indígenas waorani y cofán, que habitan en la Amazonía ecuatoriana, presentaron este martes (06.09.2022) un recurso ante la Corte Constitucional de Ecuador para exigir el cumplimiento de las respectivas sentencias ganadas contra el ingreso a sus territorios de actividades petroleras y mineras.

Una delegación de ambas llegó hasta Quito para presentar a la Corte Constitucional una acción de incumplimiento, al considerar que el Estado ecuatoriano no ha acatado las medidas dictadas en ambos casos por parte de Tribunales de las respectivas provincias amazónicas donde se ubican sus comunidades.

En el caso del pueblo waorani, el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pastaza dictaminó en 2019 que hubo una vulneración de los derechos a la autodeterminación y consulta previa libre e informada por parte de la entonces Secretaría de Hidrocarburos. De acuerdo con este Tribunal, el Gobierno nacional realizó en 2012 un proceso viciado con las comunidades waorani al no garantizar el principio de información y libertad de la consulta, entendida y asumida erróneamente por el Estado como un trámite para licitar una concesión petrolera al año siguiente, y no como un derecho indígena.

Mientras, en el caso del pueblo cofán, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ordenó en 2018 revertir 32.000 hectáreas de concesiones mineras otorgadas sin consultar previamente a la comunidad de Sinangoe, a quien el Tribunal le reconoció que fueron vulnerados sus derechos al agua, la naturaleza y el medio ambiente. El fallo ordenó al Estado no solo revertir las 20 concesiones mineras activas, sino también cancelar el otorgamiento de 32 nuevas concesiones, así como remediar los impactos medioambientales causados por la actividad ya realizada.

«Aquí estamos todos. Hemos venido desde lejos. No hemos dormido. Hemos llegado hasta Quito para exigir nuestro derecho. Estamos aquí para pedirles a los jueces que se despierten y que se haga cumplir la sentencia», manifestó frente a la puerta de la Corte Constitucional el presidente de la nacionalidad waorani, Gilberto Nenquimo.

Por su lado, el presidente de la comunidad de Sinangoe, Wider Guaramag, lamentó que la vulneración de los derechos de la comunidad continúe cuatro años después de que saliese la sentencia. «Es una pena decir que llevamos varios años y no ha habido ningún cumplimiento en territorio. La reversión de las concesiones no lo han hecho y la sentencia es súper clara. La sentencia ordena eliminarlas, pero el Gobierno ecuatoriano sólo las tiene suspendidas», apuntó Guaramag.

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