¿Cuál es el estado de la corrupción en el país?

Es un mal pandémico. Está presente en muchísimos sectores de la vida pública y también privada del país. Es lamentable lo que estoy señalando, pero es la constatación de una realidad. No es un problema del anterior Gobierno, del actual, o del de hace cinco años: para la Comisión Nacional Anticorrupción este es un problema estructural, que forma parte de la cotidianidad: desde el policía sobornado hasta las ventas de insumos médicos, pasando porque no hay normas que se cumplan. Es un entramado que afecta a la moral del país.

¿Por qué la generalización de esta problemática?

Hay dos conceptos que se deben entender para ello. Uno, que los ciudadanos dicen que mientras haya obra pública, no importa si se lo hizo con robo. Primer concepto inadecuado; y un segundo concepto del mismo calibre: soy bobo o tonto si no acumulo riqueza rápida, porque para un ascenso social se requiere un ascenso económico y no importa de qué manera se lo haga… Ese es un paradigma absolutamente perverso. La lucha contra la corrupción pasa por trabajar el predominio de los valores y no el valor económico.

Los privados también tienen lo suyo…

El acto colusorio significa que la acción se da en el sector público y el privado. No todo el sector público está deteriorado; hay ciertas piezas claves que han sido tomadas en determinadas estructuras del poder. Se requiere que 2 o 3 funcionarios manejen los concursos y no es necesario que el resto esté contaminado.

Tampoco la sensación de impunidad contribuye…

Hay conductas desde la justicia que no contribuyen, sobre todo si es que la justicia se politiza y termina respondiendo a un interés persecutorio o de olvido. La Fiscalía se demora hasta dos años en hacer el reconocimiento de firmas de una denuncia. Eso quiere decir que mientras ocurre aquello, el contrato que hemos denunciado ya se perfeccionó y se cobró. Hemos encontrado deficiencias para ejercer justicia, pero además hay algo que es también grave: se persiguen cosas pequeñitas, de cuantía menor, que hay que perseguirlas, pero los temas fundamentales como el caso Odebrecht van al olvido.

Se supone que la justicia es ciega para dirimir, pero se hace la ciega para ver lo que pasa, y la sociedad se entera por las embajadas extranjeras o por la Comisión Nacional Anticorrupción…

Hemos tenido que esperar que Estados Unidos retire visas para que sepamos que hay narcogenerales. Hemos tenido que esperar que EE.UU. retire visas a jueces para saber que hay vinculaciones a cosas que, de alguna manera, nosotros habíamos venido diciendo, particularmente en la justicia; como que había jueces que leían los dictámenes que se elaboraban en otros lugares, en el caso Manduriacu (supuestos sobreprecios en la hidroeléctrica).

¿Cómo se debe actuar ante las revelaciones de EE.UU de narcogenerales y jueces condicionados, a los que les quitó las visas para ese país?

Ahora se evidencian algunos temas que le corresponden al Estado ecuatoriano, ni siquiera al gobierno, sino al Estado ecuatoriano, para tomar todas las acciones pertinentes para que Estados Unidos le entregue la información de quiénes son los denunciados. Tampoco podemos hacer generalizaciones, hay jueces que han hecho carrera y que merecen todo el respeto. Seguramente habrá 2 o 3 jueces que dañan toda la estructura judicial del país con corrupción, quizás algunos fiscales o quizás algunos generales que son los que permitieron varios temas graves. Lo importante sería que la Judicatura actúe pidiendo la información, que Cancillería se preocupe de solicitar la información a EE.UU.

La clave es involucrar a la sociedad civil…

No es un problema solo de escandalizarnos, sino de actuar. Para ello es necesario poner en marcha un Sistema Nacional Anticorrupción, que implique dotar al país de jueces y fiscales anticorrupción. Ese es el tema fundamental: no es un gasto, es una inversión tener jueces y fiscales anticorrupción. La Asamblea Nacional debe elaborar una ley de protección al denunciante para que la sociedad se sienta con más garantías para hacer las denuncias, para no ser víctima de la represión, y es indispensable formación en valores a la juventud, en todos los niveles.

Ya no somos la isla de paz. El narco y su dinero corrupto condicionan el futuro…

Hay un manejo que no es transparente de la economía nacional, porque encontramos sectores privados que de un día a otro tienen recursos enormes. Es la hora en que el país debe cerrar filas para proteger a los ciudadanos, pensando en el futuro. Este es un tema de una sociedad que puede volverse difícil en el mediano y en el largo plazo. Estaremos en un punto en el que somos capaces de buscar un destino histórico para el país o de ser testigos de un desmoronamiento del propio Estado Nacional.

Germán Rodas Cháves 

Es miembro fundador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), una organización de la sociedad civil. En la actualidad es su Coordinador Nacional. Es historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y de la Red Latinoamericana de Historiadores de la Salud.

Fuente El Comercio

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