El Gobierno nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) optaron por una estrategia para enfrentar el aprieto originado con la calificación de una terna que dio paso a que Raúl González Carrión se posesione como titular de la Superintendencia de Bancos: lo inmovilizaron administrativamente.

Luego que el 11 de agosto la Asamblea Nacional resolvió posesionarlo en el cargo, pese a estar en vigencia una medida cautelar de la jueza del Guayas Larissa Ibarra que lo impide, la Presidencia de la República y el CPCCS recurrieron a esta acción que tuvo un efecto inmediato.

Este 15 de agosto, González pretendía iniciar sus actividades, pero las puertas de la Superintendencia en Quito y la regional en Guayaquil amanecieron custodiadas por barreras metálicas y decenas de efectivos de la Policía Nacional.

En Quito, por ejemplo, en una de las puertas se permitía ingresar solo a los servidores que portaban su carné de identificación. A las 09:30 se cerró la atención y se suspendieron los trámites presenciales para atender a la ciudadanía, por lo que nadie podía entrar o salir del edificio, ubicado en el centro norte de la capital.

Un policía puso un comunicado impreso en una hoja de papel bond en la que se informaba a las personas que los servicios serán virtuales.

Con ello, González no pudo iniciar lo que aspiraba sería su primer día de trabajo. Se informó que estuvo preocupado porque –coincidencia o no– su vuelo a Quito, previsto en las primeras horas de la mañana, se suspendió.

Luego, cuando había intentado ingresar al sistema digital gubernamental del Estado, se le había suspendido su cuenta de correo institucional y la más importante, el Quipux, por lo que no podía emitir ninguna disposición. Entre ellas, nombrar su equipo de trabajo, desvincular o solicitar la contratación de funcionarios, emitir resoluciones, solicitar información al personal, entre otras atribuciones.

Desde Guayaquil, de donde González es oriundo, se adaptó una mesa en la vereda de la Superintendencia y acompañado por sus abogados defendió su designación y reprochó que hasta el jueves pudo usar el Quipux y a la madrugada de este lunes le bloquearon.

Desencajado y nervioso, tuvo problemas hasta para pronunciar la palabra “obstaculización” y dijo varias palabras, hasta que su abogado Rober Friend lo ayudó y contó que se enteró por un comunicado del CPCCS que Guadalupe Cabezas habría asumido como superintendenta subrogante.

Esta idea de inmovilizarlo surgió desde Carondelet, que acogiendo la sentencia de la jueza Ibarra que anuló la designación de González por una mayoría de cuatro consejeros del CPCCS, del 20 de julio, puso en práctica sus “facultades constitucionales”.

“La Función Ejecutiva no reconoce ni puede reconocer a Raúl González como superintendente de Bancos y, por lo tanto, las distintas dependencias públicas, incluyendo el Ministerio de Finanzas, del Trabajo, Banco Central y la Junta Monetaria y Financiera, no lo aceptarán como tal”.

Se lo instó a no “intentar llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones”.

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