Una decisión sin precedentes puede marcar un hito en la historia de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció el mes pasado una moratoria de un año para nuevos proyectos mineros y petroleros. En pocas palabras, se mantendrán cerrados los registros para nuevas concesiones, otorgamientos de permisos ambientales y concursos para ceder bloques petroleros.

El 9 de septiembre pasado, el régimen de Lasso y organizaciones indígenas firmaron un acta para oficializar la medida, que estará en vigencia hasta que se elabore una ley de consulta previa para los pueblos donde se pretenda ejecutar un proyecto de esa naturaleza.

Este hecho histórico es consecuencia de las mesas de diálogo que se realizaron luego de las protestas de junio que mostraron el desacuerdo de las poblaciones indígenas frente a políticas económicas y extractivas del Gobierno. Durante esos días, murieron seis personas, se reportaron más de 500 heridos y se calcularon pérdidas económicas de unos USD 1.000 millones.

Con la firma de este acuerdo, unos quince bloques petroleros estarán congelados a la espera de la normativa, según el Ministerio de Energía y Minas; al igual que unos 200 proyectos de minería que no pueden operar por la falta de permisos respectivos, que dependen de la vigencia de esa ley, de acuerdo con estimaciones del movimiento indígena.

Este acuerdo da la oportunidad a que el Estado ecuatoriano salde una deuda que ha tenido por décadas con los pueblos indígenas

“La moratoria deberá mantenerse hasta que se emita una ley que regule, de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, la consulta previa para la ejecución de cualquier proyecto que pueda afectar territorios indígenas”, señala Cristina Melo a Diálogo Chino, asesora jurídica de la Fundación Pachamama que representa legalmente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y que además considera que este “acuerdo da la oportunidad a que el Estado ecuatoriano salde una deuda que ha tenido por décadas con los pueblos indígenas”.

Este avance, añade, se registra a diez años de la sentencia del caso Sarayaku vs Ecuador, que juzgó la invasión de territorio ancestral para fines petroleros. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya dispuso la obligación del Estado ecuatoriano de legislar apropiadamente este derecho (consulta previa)”.

Demandas de organizaciones

La Conaie pedía al Gobierno que detenga la ampliación de la frontera minera y petrolera, una auditoría a las concesiones otorgadas, la reparación socioambiental, entre otras demandas. Como parte de estas acciones se exigía también la derogatoria de los decretos 95 y 151.

El decreto 95, que entró en vigor el 7 de julio de 2021, fue lanzado por el presidente Lasso en un intento por duplicar la producción petrolera, que en el segundo trimestre de ese año se situaba en casi 500.000 barriles de crudo diarios. Proponía cambios en las políticas públicas para mejorar las condiciones técnicas y operativas de los inversores y ajustes en los modelos de contratos, entre otras medidas. Fue derogado el 29 de junio, un día antes del fin de la huelga.

En cambio, el decreto 151 no fue derogado. Entró en vigencia el 5 de agosto del año pasado y contiene el Plan Minero con el que se daba más agilidad a los trámites de concesión. Más bien, el Gobierno expidió el decreto 468, que ordena que no se aprueben nuevos permisos mineros en territorios indígenas y áreas protegidas, algo que consta en la Constitución, pero por otro lado exceptúa a aquellas iniciativas que ya tenían un acuerdo previo.

Escepticismo en el movimiento indígena

El 24 de agosto, en medio de las negociaciones, las dirigencias indígenas reclamaban mayores avances. Ese día, Gilberto Talahua, del Movimiento Indígena de Bolívar, dijo que esperaba que se cumpla la “moratoria a toda actividad extractiva”.

El ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, coincidió con los dirigentes, pero argumentó que también se debe entender que “los minerales tienen un rol en el planeta” y que eso conlleva a analizar una alternativa.

El 5 de septiembre se reinstaló otra mesa para conocer las contrapropuestas. Luis Mullo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), se mostró insatisfecho con las respuestas del oficialismo: “De parte de la sociedad civil estamos cumpliendo con la paz, pero eso nos preocupa”. No obstante, las partes llegaron a ciertos acuerdos, principalmente, la moratoria.

José Cueva, ingeniero agrónomo, experto en temas mineros y ambientales que asesora al movimiento indígena, le explica a Diálogo Chino que el sinsabor en una parte de la dirigencia se genera por el discurso contradictorio del oficialismo: “El Gobierno nunca aceptó que en la moratoria entren todos los proyectos, incluyendo los que tienen actualmente permisos o concesiones otorgadas. El Gobierno habla de que únicamente entran en la moratoria los nuevos proyectos o solicitudes“.

En efecto, en declaraciones a medios de comunicación, el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, indicó que “todos los proyectos que están en marcha continúan en marcha” y que los proyectos mineros que podrán obtener licencia ambiental sin requerimiento de consulta previa son: Curipamba, La Plata, Loma Larga, Cascabel, Warintza y Mirador Norte,  que se centran principalmente en la extracción de oro, cobre y plata y representan una inversión de más de USD 10 mil millones.

Diálogo Chino solicitó una entrevista con un vocero de ese ministerio y la entrega de información al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no se concretó la cita ni se recibió la data. Se envió un correo electrónico y se hicieron consultas recurrentes a personal de Prensa de la institución.

Presencia minera en Ecuador

En 2018, cuando se detectaron más de 4.200 fuentes de contaminación minera a nivel nacional, el Ministerio de Energía impulsó el Proyecto de Depuración del Catastro Minero para aclarar el panorama de esa actividad.

4.237

El número de fuentes de contaminación minera en Ecuador registradas por una investigación del Ministerio de Ambiente y Agua en 2018

Hasta septiembre del 2019, Energía había validado más de 4.000 expedientes, “equivalentes al 75 % del registro de las concesiones mineras legales existentes en el territorio ecuatoriano”, entre todos los proyectos, indistintamente de su escala.

Si bien la minería artesanal y la ilegal preocupa a los activistas por el uso indiscriminado de mercurio hay un mayor foco en aquella minería que se hace a cielo abierto o que genera impactos de mayor envergadura en el medioambiente y en la dinámica social de los pueblos. Al mes de julio pasado, la minería a gran escala ocupaba 104 mil hectáreas  del Ecuador (tres veces la superficie de Quito), distribuidas en siete provincias.

Proyectos petroleros en para

Pese a que el ministro de Energía, Xavier Vera, dice que el país no se vería afectado por el año de moratoria extractiva, ni mucho menos la producción petrolera de la que depende gran parte del presupuesto del Estado, Katherine Navia, experta en macroeconomía y profesora del Instituto Argos de Guayaquil, ve un panorama poco alentador por ese cierre temporal.

“Esto trae consigo pérdidas en plazas de empleo, a nuevas tecnologías, en conocimiento, apertura comercial internacional, y todo esto da como resultado una merma en la recaudación de impuesto a la renta”, analiza Navia y refiere que desde 2008, año en que se cerró el catastro minero, inversionistas han empezado operaciones en Perú y Chile.

La moratoria trae consigo pérdidas en plazas de empleo, a nuevas tecnologías, en conocimiento, apertura comercial internacional, y una merma en la recaudación de impuesto a la renta

Ella espera que se cumplan los puntos que recoge el acta del diálogo, si es posible antes del año, para que el país tenga una legislación clara sobre la explotación de recursos naturales y así se genere un clima de confianza para el empresariado extranjero.

La preocupación de la especialista recae en la complejidad que ha tenido el debate de este tema, aún más profundo quizás en el apartado petrolero, porque se aborda un componente adicional a la expansión de la frontera extractiva, la vida de los pueblos que decidieron aislarse del mundo que conocemos.

Cristina Melo, asesora jurídica de la Fundación Pachamama que representa legalmente a la Conaie, aspira que con el acuerdo alcanzado se reevalúe el futuro de cada una de las instalaciones que está en plena operación en la selva, ya que los impactos en la flora y fauna también lo están viviendo las comunidades.

“No hay cifras exactas, pero se amplió la actividad extractiva en zonas de territorios intangibles Tagaeri y Taromenane, (nombres de los) pueblos en aislamiento voluntario; y (los pozos) están en el Yasuní, la zona más biodiversa del mundo. Se inició incluso la explotación de los bloques Ishpingo Norte y Tambococha, zonas de esos pueblos y de amortiguamiento ambiental del Yasuní. Son algunos de los proyectos que deberán ser reevaluados por el Gobierno”, detalla la abogada.

La actividad petrolera conlleva la instalación de campamentos, plataformas donde funcionan los pozos, mecheros que están encendidos las 24 horas del día, que generan mucho ruido. Y con la llegada de la exploración y extracción de crudo surgen otros problemas como la deforestación, la caza de animales silvestres, enfermedades y problemas sociales, en la medida que transcurre el tiempo, según estudios.

Las organizaciones indígenas esperan que la elaboración de una ley que garantice la consulta previa a las comunidades sea el punto de inflexión que esperaban para que realmente se busque, desde el Estado, un cambio en la matriz energética y productiva, apostando más en la energía limpia y en proyectos sostenibles en zonas naturales, donde las comunidades mantengan su forma de vida, sus costumbres, su salud.

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