La reducción del hacinamiento en las cárceles del Ecuador es un hecho. En mayo de 2021, mes en el que tomó la posta el actual Gobierno, la población penitenciaria era de 39 080 personas privadas de libertad. Dieciséis meses después, la cifra ha descendido hasta llegar a los 33 488; es decir, se han reducido 5 592 plazas.

Y aunque la estadística es positiva, aún no se logra reducir el hacinamiento en las celdas del país. Para que esto se concrete, la población carcelaria debería ser de 30 165 personas, que es la capacidad instalada en los centros penitenciarios.

¿Cuál fue la estrategia para reducir la cifra de detenidos?

El Gobierno, a través de la Sistema Carcelario, ha señalado que una de las medidas que adoptó fue la liberación de personas con enfermedades catastróficas o con dolencias terminales. Ese beneficio se aplicó bajo decreto presidencial, que indultaba a quienes tenían un diagnóstico desfavorable sobre su salud física y mental.

Por otra parte, también se indultó por decreto presidencial a las personas que hayan cometido delitos leves y de tránsito que no incluyan muertes culposas.

A pesar de que no existen cifras oficiales de los beneficiarios, fuentes del SNAI aseguraron a este Diario que entre los dos decretos fueron cerca de 2 000 las personas encarceladas favorecidas.

Los demás detenidos que salieron de las cárceles fue porque se beneficiaron de reducción de penas o de cambios de regímenes, ­como la prisión en casa.

De hecho, esta última alternativa ha generado inconvenientes en la Policía. Los agentes son los encargados de vigilar a los detenidos en sus domicilios. Para 2021 se calculaba que en ciudades como Guayaquil existían aproximadamente 400 personas monitoreadas. Hoy la cifra en la zona 8, que comprende Guayaquil Durán y Samborondón, está por alcanzar las 600.

Fallos judiciales sospechosos

Pero fundaciones de derechos humanos y abogados penalistas dicen que esos beneficios deben investigarse. Según estas agrupaciones, solo personas vinculadas a bandas delictivas o con poder económico salieron libres.

En la cárcel de Latacunga, por ejemplo, los juristas y expertos denuncian que el control de todo el centro penitenciario lo tienen las redes criminales.

“Los presos arman las carpetas y gestionan para que los funcionarios firmen los documentos e informes. Con decirle que cuando vamos a reunirnos con nuestros clientes, los que controlan la sala de visitas son los mismos reos”, cuenta un abogado que lleva cinco años defendiendo a detenidos en la cárcel de Cotopaxi.

Otro jurista también señala que gestionar un cambio de medida o un beneficio penitenciario puede tardar hasta 10 meses, pero las bandas lo concretan en dos semanas.

“Dicen que indultaron a personas con enfermedades, pero en las cárceles aún hay gente muriéndose con cáncer. El Ministerio de Salud debería tener los informes de las personas en esta condición, pero hasta en eso las bandas emitieron certificados médicos. Nosotros denunciamos, pero nadie ­investigó”, relata.

Violencia se recrudece

Para la Fundación Inccadi, que trabaja con personas detenidas, la disminución del hacinamiento debería mostrar una reducción de la violencia, pero no ha ocurrido.

Esta organización dice que parte de la liberación de plazas carcelarias se da por las constantes masacres que han ocurrido durante la gestión del Gobierno. Cerca de 400 personas privadas de libertad han sido asesinadas por integrantes de bandas delictivas.

Inccadi señala que el Gobierno no ha realizado esfuerzos eficaces para tomar el control de las cárceles. Una de las acciones que recuerdan fue la conformación del Comité de Pacificación. Ese ente logró incentivar acuerdos entre bandas delictivas para cesar las matanzas. Pero esos tratados no han sido respetados ni reconocidos por las distintas redes criminales.

Nuevos indultos

El Gobierno ha anunciado que lograrán erradicar el hacinamiento en las prisiones a través de una nueva ronda de indultos, especialmente de personas que están detenidas por contravenciones de tránsito.

Con la aplicación de este mecanismo se espera eliminar trámites burocráticos para que las personas puedan ser condenadas más rápido y así indultarlas.

Para delimitar a los beneficiarios, el SNAI realiza un censo penitenciario que les permita conocer con precisión las circunstancias de cada detenido a escala nacional.

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