Los magistrados del Ecuador deberán informar, de manera oficial, a la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura si sus visas americanas han sido revocadas.

Esta medida se adoptó un día después de que la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador informara sobre la revocatoria de las visas de no inmigrante a varios jueces ecuatorianos y otros funcionarios judiciales.

En un comunicado emitido este martes 11 de enero del 2022 el ente de la Función Judicial informó la medida.

“A través de los canales regulares y con base en el art. 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Transparencia del CJ requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a EE.UU. han sido revocadas”, señala el documento.

Asimismo el Consejo de la Judicatura solicita la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para que realice el contacto con la Embajada de EE.UU. y así intercambiar “información en cooperación mutua con el fin de verificar si estos servidores ya han sido destituidos por el CJ”.

La tarde del lunes 10 de enero la Embajada Norteamericana anunció a través de un comunicado que retiró las visas de no inmigrante de varios “jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas”.

La sede diplomática señaló que el Departamento de Estado de los EE.UU. “tiene amplia autoridad para denegar revocar visas americanas basándose en información que indique que su titular puede ser inadmisble en los Estados Unidos”.

En ese escrito se subraya que la Embajada se “toma seriamente el tema de la corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visa”.

Esta entidad también dio a conocer que desde el 2019 se han adoptado medidas para luchar contra la corrupción en el sistema judicial. Según la Judicatura desde ese año 240 servidores judiciales han sido destituidos, entre ellos, 75 jueces, 44 agentes fiscales, 13 defensores públicos y 108 servidores administrativos. 

Esa institución también mencionó que se han “incluido criterios de legitimidad y transparencia” en la evaluación y selección de funcionarios judicial a escala nacional. Además, 2 000 servidores han recibido capacitación en ética e integridad judicial y cerca de 700 en combate a la corrupción, delincuencia organizada,

Fuente EL Comercio

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