La muerte cruzada ha sonado como opción desde el momento mismo en que el presidente Guillermo Lasso llegó al mandato, pues se preveía que las decisiones de la Asamblea podrían obstruir la ejecución del Plan de Desarrollo.

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El 4 de septiembre de 2021, luego de que Pachakutik lo anunciara, Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) también anunciaron que no apoyarían la proforma presupuestaria 2021 enviada por el Ejecutivo a la Asamblea. Entonces, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que la muerte cruzada era una opción. Al final, la propuesta debió pasar por el Ministerio de la Ley.

En los seis primeros meses del mandato, y de acuerdo a un análisis que realizó la fundación Ciudadanía y Desarrollo, cinco propuestas del Ejecutivo habían sido ignoradas o rechazadas por la Asamblea. La organización calificó el antecedente como un “bloqueo político”, que hizo que Lasso ajuste “estrategias” e “imponga su agenda económica, apalancado en ajustados plazos y el Ministerio de la Ley”.

Por los días en que la Asamblea peleaba por su proforma presupuestaria, en entrevista con Carlos Vera, el mandatario tampoco descartó la opción. “Si tenemos obstáculos en la Asamblea, que aspiro a no tenerlos, iremos a una consulta, y también en la Constitución, no digo que vaya a hacerlo, pero existe otro camino, que es la muerte cruzada”.

FISCALIZACION

El 11 de septiembre, en respuesta al anuncio de la opción de Lasso, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, criticó al presidente. “No claudicaremos. Los chantajes de consulta popular y muerte cruzada no nos aplastarán, quieren que aprobemos leyes sin debate, que solo benefician a los que más tienen”, dijo.

A fines de ese septiembre, se hicieron públicos escándalos de Llori sobre contratos para servicios de logística y comida (con empanadas a $ 6) sus facturas por viáticos y las glosas de al menos 30 legisladores. Ella dijo que todo formaba parte de una campaña para desprestigiar a la Asamblea y dar paso constitucional a su disolución.

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