Cinco problemas crónicos deben abordar los Gobiernos de América Latina y el Caribe, según el Informe Mundial 2023 de Human Rights Watch, para proteger los derechos humanos y la democracia.

Estos se refieren a pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad y degradación ambiental.

Con respecto a Ecuador, el documento sostiene que la sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles han permitido a las pandillas reclutar nuevos miembros y asesinar a más de 400 personas detenidas desde 2021.

Además, que el país experimentó un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas.

El documento sobre Ecuador es de seis páginas y aborda las condiciones en centros de detención y masacres, uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad, Estado de derecho y lucha contra la corrupción, derecho de los pueblos indígenas, derechos de la mujer, derechos sobre discapacidad, derechos de niños, orientación sexual e identidad de género, refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, libertad de expresión, política exterior.

El hacinamiento en las cárceles, indica el informe, parece tener su origen en el uso excesivo de la prisión preventiva, las duras políticas contra las drogas y los retrasos en la concesión de beneficios penitenciarios.

Los guías penitenciarios no están debidamente preparados y son insuficientes para contener la violencia, agrega.

En noviembre del 2022, 1.360 agentes penitenciarios se graduaron tras un curso que empezó en julio pasado. En Ecuador hay 36 centros de detención. Uno de los nuevos agentes fue asesinado hace pocos días, apenas había entrado a laborar en una cárcel de Manabí.

En el primer semestre del 2023 ingresarían 1.000 nuevos agentes.

Once las masacres han ocurrido en las cárceles del país desde 2021, con un saldo de al menos 413 víctimas mortales.

Sobre lucha contra la corrupción, sostiene que si bien se implementaron varias reformas que mejoraron la independencia de instituciones judiciales clave, continuaron los señalamientos de demoras injustificadas en los procesos, ausencia de garantías de debido proceso y presiones indebidas a la justicia.

“La estigmatización, los malos tratos, el temor a la posibilidad de enfrentar un proceso penal y la interpretación restrictiva de la excepción de salud siguen representando obstáculos al acceso al aborto”, señala.

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