El presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, y los consejeros Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo fueron llamados a juicio político por la Asamblea Nacional.

La resolución fue aprobada este martes 15 de noviembre de 2022 con 85 votos a favor (15 más de los necesarios), en su mayoría de las bancadas del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC).

También hubo 32 votos a favor y 9 en contra, del oficialismo. En Pachakutik y la ID hubo posiciones divididas.

La resolución incluyó el archivo del juicio político que era impulsado por Ricardo Vanegas y José Chimbo, de Pachakutik, en contra de los siete consejeros.

Quedaron fuera de la interpelación, que se dará en los próximos días en el Pleno, los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Juan Xavier Dávalos.

La moción fue presentada por Mireya Pazmiño, del ala radical de Pachakutik y quién vota con el correísmo, apoyada de su colega Angel Maita.

Los acusan de incumplimiento de funciones al haber modificado el reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado y falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial

Debate contra los consejeros

En el debate de esta resolución hubo acusaciones desde las bancadas del oficialismo y parte de Pachakutik hacia el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).

«No existen fundamentos. Aquí hay un interés del Psc y Unes por tener mayoría en el Cpccs», dijo el jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando.

Flores emplazó al socialcristiano Luis Almeida a que se abstenga de participar de esta votación por conflicto de intereses, ya que su sobrina Sofía Almeida ocupa una consejería en el Cpccs.

«No somos competentes para resolver porque todos los plazos han fenecido. Hay un grupo de partidos políticos interés en mantener a tres de siete consejeros. En Pachakutik orgánico la disposición es que se vayan todos», apuntó Ricardo Vanegas, de Pachakutik

Los asambleístas del correísmo responsabilizaron al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, de haber intentado boicotear este proceso al entregar los informes fuera del plazo.

La censura y destitución de los consejeros dependerá de una mayoría absoluta (70 votos).

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