Ya son ocho las instituciones educativas (dos particulares) que en Guayaquil han sido clausuradas por volver a clases presenciales. Por eso, María Brown, ministra de Educación, dijo que se decidió interponer una acción de medidas cautelares, una acción de protección y las acciones administrativas por cada institución, es decir, “impugnar la acción de la municipalidad al momento de clausurar cada una de las instituciones”.

Pese a lo resuelto por el COE nacional, Viteri anunció, el 23 de enero, que las clases seguían suspendidas. A la par, el Ministerio de Educación invitaba a los medios a la inauguración del retorno a las aulas desde un colegio del ‘Puerto principal’.

Con confusión, los alumnos de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil asistieron y tuvieron la bienvenida de la ministra de Educación, María Brown, que hizo un llamado a la sensibilidad del Municipio de Guayaquil que tenía a sus funcionarios listos para clausurar la institución.

Una vez que Brown dejó el establecimiento, el colegio Guayaquil fue suspendido. Ese mismo día hubo otras dos instituciones que corrieron con la misma suerte y el 25 de enero, otras dos.

Ministerio de Educación puede tomar acciones

El constitucionalista André Benavides dijo que una de las opciones de sanción del Ministerio de Educación sería a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), “porque (el Municipio de Guayaquil) está interrumpiendo el derecho a la educación (…). Habría que analizar la infracción”.

Y si bien el Ministerio de Educación anunció que han tomado acciones legales, el proceso no sería rápido. “Todavía queda un largo camino para impugnar estas decisiones improcedentes”, dijo Roberto Acosta, coordinador jurídico del Ministerio de Educación.

LA HORA se comunicó con el departamento de comunicación de la Alcaldía de Guayaquil, para tener su criterio sobre el cierre de escuelas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

COE, de ‘manos atadas’

¿Puede el COE nacional sancionar a la alcaldesa de Guayaquil? La respuesta es no. Benavides explica que la institución liderada por Juan Zapata “desde ningún punto de vista tiene competencias ni administrativas, ni sancionadoras”.

Y es que al momento, “no existe un estado de excepción que permita acogerse a la figura de incumplir orden de autoridad competente”, añade la abogada Andrea Melo.

Sin ley, todos mandan

Benavides señala que la falta de una ley que detalle las competencias de los municipios y del COE nacional son las que crean estos inconvenientes de poder, que terminan por confundir a la ciudadanía.

Según  la Corte Constitucional (CC) la CC, no se puede desconocer las competencias descentralizadas que tienen municipios y prefecturas, por lo que pidió al Ejecutivo y a la Asamblea que trabajen en una ley de gestión de la pandemia, para regular competencias y medidas. El expresidente Lenín Moreno entregó el proyecto en abril de 2021.

El 12 de agosto de 2021, el presidente, Guillermo Lasso, retiró el proyecto. Pero la comisión de salud de la Asamblea lo retomó y el 11 de enero de 2022, tramitó en primer debate el proyecto de ley para la gestión de la emergencia sanitaria por la pandemia causada por COVID-19 y sus variantes.

Fueron veinte legisladores los que intervinieron en el debate, que se centró en cuestionar al Ejecutivo por no remitir un proyecto de ley sobre esta materia, como lo dispuso la Corte Constitucional; establecer multas a los ciudadanos y negocios que no observen las disposiciones de las autoridades para frenar contagios y las atribuciones que tendrán los comités de operaciones provinciales y el nacional.

Sin embargo, el asambleísta Esteban Torres advirtió que este proyecto de ley nació desde la Asamblea Nacional y no desde el Ejecutivo, como lo estableció la Corte Constitucional, por eso podría ser declarado en lo posterior como inconstitucional. Con lo cual, la ley sigue sin existir y las competencias sin establecerse; dando pie a que los municipios repliquen lo hecho por Viteri. (AVV)

Cifras contradictorias

Las contradicciones entre el Municipio de Guayaquil no es solamente en el retorno a clases, sino en las cifras sobre la pandemia. Incluso, Viteri dio seis argumentos para suspender las clases y el Gobierno contestó a cada uno.

La Alcaldesa sostiene que “la asistencia de niños y jóvenes a clases multiplica por cuatro el riesgo de contagio” a lo que el Gobierno contestó que el grupo que presenta mayor porcentaje de contagios son las personas entre 20 a 49 años con un 64%, mientras que los menores de 14 años representan apenas el 4,9%.

En las personas de 0 a 14 años existe una tendencia hacia la disminución en el número de casos de COVID-19, de aproximadamente el 50%.

Cierre de pista de aeropuerto

La investigación por el cierre de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil contra la alcaldesa Cynthia Viteri podría tomar hasta dos años. El delito en el que habría incurrido se tipifica en Código Orgánico Integral Penal (COIP) que señala: “la obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias es sancionado con pena de 10 a 13 años de privación de la libertad”. El proceso continúa en investigación.

Desde Quito se trata el tema luego de que en la fiscalía de Guayas hubo la intención de archivar el caso.

El retorno  a las aulas en Ecuador

  • 737 instituciones educativas en Guayaquil tienen el retorno presencial a clases aprobado.
  • 8 de cada 10 docentes consideran que los estudiantes tienen mayor predisposición por aprender desde la presencialidad.
  • El retorno a las clases presenciales es voluntario

Fuente La hora

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.