19 observaciones sobre libertad de expresión recibió el Estado en su cuarto Examen Periódico Universal del país ante el Consejo de DD. HH. de la ONU.
Adoptar un marco jurídico que asegure la protección de los defensores de derechos humanos y de los periodistas y que se garantice la libertad de expresión y de prensa, fueron los pedidos que más hicieron los países a Ecuador, el pasado 7 de noviembre, en el marco del cuarto ciclo de evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En esta cita, se analizó el cumplimiento de Ecuador en cuanto a sus compromisos en materia de derechos humanos y su situación actual. Luego que el país terminó su presentación, setenta naciones realizaron observaciones sobre distintos temas, 19 fueron sobre libertad de expresión.
El canciller Juan Carlos Holguín, que lideró la delegación del país en la cita, resaltó en su intervención los avances en este tema como, por ejemplo, las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que indicó están próximas a publicarse en el Registro Oficial.
Holguín manifestó que el veto que revisó la Corte Constitucional concentraba todos los temas claves, como derechos, censura, regulación y control y que la sentencia que emitió evitará para siempre que en el país se pueda tener en algún otro momento una ‘ley mordaza’.
En tanto, en Ecuador, luego del EPU, la coalición de organizaciones de la sociedad civil (entre las que constan Fundamedios y Fundación Desafío y Diálogo Diverso), conformada para dar seguimiento al EPU, realizó un análisis de las recomendaciones y la presentación del país.
Sobre las observaciones en cuanto a libertad de expresión, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, reiteró que los países instaron al Estado a garantizar el derecho y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Manifestó que le preocupó el discurso del Gobierno, que indicó en la cita que sí existen actualmente mecanismos de protección al ejercicio periodístico, cuando en la realidad el Comité para la Protección de Periodistas no ha funcionado, ni tampoco existen políticas de prevención y reacción frente a las agresiones y amenazas que reciben los periodistas.
Ricaurte mencionó además que existe un gran reto que debe ser asumido entre las diferentes instancias del Estado y la sociedad civil para el diseño e implementación del Mecanismo de Protección a periodistas, creado en las reformas recién aprobadas a la LOC y que debe tener concordancia con las políticas y mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, tal como lo ha exigido la comunidad internacional con sus recomendaciones.
