Patricio Carrillo Rosero fue designado por el presidente Guillermo Lasso como ministro del Interior el 30 de marzo de este año, es decir, cumplió 177 días en el cargo. Llegó a ese puesto tras la escisión del Ministerio de Gobierno, que estaba ocupado hasta esa fecha por Alexandra Vela.
Lasso lo dividió en dos: el de Gobierno, para tratar asuntos políticos, en el que puso a Francisco Jiménez; y el del Interior, para temas de seguridad ciudadana.
La noche del pasado 23 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso lo removió del Ministerio en medio de la crisis institucional derivada del crimen de la abogada María Belén Bernal en un centro de formación policial.
“El general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro; sin embargo, tras los acontecimientos de estos últimos días, he decidido que sus servicios concluyan el día de hoy”, dijo en una cadena televisada desde el aeropuerto de Quito, a su llegada de un periplo por los Estados Unidos.
Como efecto de su gestión en esas movilizaciones, los legisladores de la bancada del correísmo, Unión por la Esperanza (UNES) y de Pachakutik (PK) impulsaron un juicio político que no avanzó.
En agosto pasado, la Comisión de Fiscalización dejó sin efecto el procedimiento debido a la existencia de “inconvenientes técnicos”, en una aparente sustracción de correos electrónicos.
Luego, a mediados de septiembre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó una solicitud de enjuiciamiento planteada por las legisladoras Johanna Moreira y Lucía Placencia, de la Izquierda Democrática (ID), que fue remitida a la Comisión para que la sustancie.
Las asambleístas lo acusan de incurrir en incumplimiento de funciones por cómo enfrentó las protestas de junio pasado que lideró el movimiento indígena y también, por el incremento de la inseguridad ciudadana.
