De las ocho preguntas que tendrá la consulta popular del Gobierno, cinco tienen que ver con cambios que se realizarán en instituciones del Estado. Esa carga será un peso que el Ejecutivo tendrá que manejar para convencer a los votantes de que los cambios son necesarios.

La única pregunta sobre la cual el Gobierno insistió tras la negativa de la Corte Constitucional (CC) fue la relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El presidente de la República, Guillermo Lasso, planteó dos preguntas más con una modificación en el mecanismo para que la Asamblea designe a las autoridades de control. No hizo lo mismo con la relacionada a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. En ese caso, el Mandatario optó por iniciar la reforma parcial en la que deberá participar el Legislativo.

Las últimas tres preguntas, que no tenían que ver con cambios constitucionales, no pasaron el filtro de la Corte Constitucional. Estas incluían temas como destinar recursos de lo incautado al crimen organizado para planes para niños y adolescentes, un incentivo para la contratación de personas mayores de 45 años, y tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada. Sobre esta última tampoco insistió el Presidente.

Según David Pérez, asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Ejecutivo insistirá en esos temas mediante proyectos de reformas que enviará a la Asamblea. Explica que las ocho preguntas que irán en la consulta están conectadas y apuntan a un cambio estructural.

El reto

El Gobierno apelará a una información constante sobre lo que involucra cada pregunta. Esto, en medio de la ya iniciada campaña en las redes sociales. Las apuestas en ese terreno virtual son por el sí o el no a todo.

Por ejemplo, la cuenta Consulta Ciudadana Ec, en la red social Twitter, apuesta a temas como la expulsión de narcos y criminales del Ecuador. Esto, en relación a la pregunta sobre la extradición de personas involucradas con delitos del crimen organizado.

Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia y vocera de la consulta popular, también ha insistido en todas sus intervenciones que este mecanismo permitirá al Gobierno enfrentar al crimen organizado.

No es el mejor momento

La posición de la Presidencia es que, en términos generales, las preguntas son soluciones institucionales que no serán de corto plazo. El Gobierno apostará a informar esos beneficios para intentar movilizar el sí. Sin embargo, el momento que atraviesa continúa sin ser el mejor.

El analista político Pedro Donoso plantea que una de las cosas que tendrá en contra el Gobierno es el que coincida un proceso electoral (seccionales) con otro (consulta). En ese sentido, dice que la oposición subirá a la tarima de sus candidatos la campaña por el no.

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