La cárcel de La Roca, en Guayaquil, reabrió sus puertas hace más de siete meses y desde entonces 20 cabecillas de bandas delictivas han sido trasladados a ese lugar.

El Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad (SNAI) ha confirmado que, hasta el 19 de noviembre del 2022, en La Roca existen 20 detenidos.

Todos son personas que encabezaban redes criminales. Los informes de Inteligencia señalan que esos detenidos ordenaban múltiples delitos desde las celdas de otros centros carcelarios.

El 4 de abril de este año fueron trasladados los primeros cinco detenidos de alta peligrosidad. El Gobierno los señaló como los responsables de matar a 20 internos en la cárcel de Turi, en Cuenca.

Luego, el 9 de mayo pasado, otros seis cabecillas de bandas narcodelictivas fueron enviados a ese centro penitenciario. Ellos fueron los responsables de un motín violento en la cárcel de Santo Domingo, que provocó la muerte de 44 presos.

La Roca tiene capacidad para albergar a 100 presos. El último traslado ocurrió el 18 de noviembre del 2022. Cinco presos fueron trasladados desde la cárcel de El Inca y de Santo Domingo hacia La Roca.

Tres de ellos son señalados como los “responsables intelectuales” de asesinar a 10 presos en la cárcel de El Inca. Esa nueva masacre ocurrió el 18 de noviembre 2022.

Según el Gobierno, una de las razones para ejecutar estos traslados es evitar que “los centros de privación de libertad estén en manos de quienes pretenden atentar contra el Estado y la paz de los ecuatorianos”.

¿Habrá repercusiones por el traslado de los cabecillas a La Roca?

El experto en seguridad, Diego Pérez, cree que esos traslados provocarán vacíos de poder, que tarde o temprano serán llenados por otras personas.

Según las autoridades, los cabecillas que fueron movidos a La Roca están aislados e incomunicados. Además, se someterán a “un régimen disciplinario distinto” al que estaban acostumbrados en los otros centros carcelarios.

Pérez considera que aislar a un cabecilla provocará que nuevas personas quieran tomar la administración y el poder de la organización delictiva. Además, él cree que esto podría desencadenar nuevos hechos de violencia por las pugnas de poder.

“No puede haber vacíos de poder, este siempre será asumido por alguien más. Entonces, tarde o temprano se generarán disputas por ocupar esos espacios vacíos”, indicó Pérez.

El analista también señala que el traslado de cabecillas no debe ser considerado como la solución a los problemas de inseguridad. “A corto plazo sí sirve para dar golpes a las estructuras delictivas, pero con el paso tiempo estas se reconstituyen y los cabecillas consiguen sucesores o alguien más asume el poder”.

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