El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, rechazó el informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales en el marco del conflicto armado interno declarado contra el crimen organizado y acusó a la entidad de buscar la desorganización de las sociedades a través de los derechos humanos.
“Nosotros sabemos quiénes están detrás de cada una de las organizaciones. Atrás de esa ONG está el señor (George) Soros, que no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, promueve la desorganización de las sociedades y la completa penetración de grupos irregulares escudados en temas de derechos humanos”, dijo Torres en una rueda de prensa este lunes 27 de mayo.
La semana pasada, HRW remitió una carta al presidente de la República, Daniel Noboa, para expresarle que sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción determinaron que la declaración de conflicto armado interno no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos.
“Las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos”, señaló la organización internacional defensora de derechos humanos tras haber entrevistado a una docena de víctimas de abusos, solicitar informaciones a instituciones del Estado, analizar 33 fotografías y videos y revisar expedientes de casos judiciales.
En un caso documentado por Human Rights Watch, los soldados mataron el 2 de febrero en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco, a quienes las Fuerzas Armadas acusaron de haber presuntamente intentado evadir el control, “embistiendo a personal militar” y los calificó de “terroristas“.
Las entrevistas de HRW con testigos, familiares y abogados de las víctimas, junto con videos y fotografías que fueron verificados, y documentos judiciales, contradicen la versión del Ejército.
Muchas de las personas reportadas como detenidas no fueron llevadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y parecen haber sido detenidas durante breves periodos al margen del proceso legal y, según los videos y fotografías publicados en Internet y verificados por Human Rights Watch, sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes.
HRW también denunció que “los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica”.
En la rueda de prensa de este lunes, el viceministro Esteban Torres reconoció que las denuncias presentadas por HRW no son las únicas, y que hay más organizaciones que se han expresado en ese sentido, por lo que señaló que el Gobierno acogerá esos reportes y tomará correctivos “en el caso que haya que tomar correctivos”.
El funcionario apuntó que “el Gobierno lucha contra la corrupción con todas las armas que le han dado los ciudadanos y le responde a los ecuatorianos, no a estas organizaciones internacionales”.
Desde inicio de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno, con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Al mismo tiempo emitió un estado de excepción a nivel nacional que estuvo en vigor desde el 8 de enero hasta el 7 de abril, y mediante el cual pasó a militarizar las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia del país al encontrarse muchas prisiones dominadas por las bandas criminales.
A las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de 47 por cada 100 000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
