El acceso a la información es un derecho humano, estipulado en la Constitución de Ecuador y en instrumentos internacionales. Por eso, las entidades públicas tienen la obligación de transparentar los datos sobre el uso de recursos financieros y humanos, contratos, auditorías, entre otros; así como los servicios que ofrecen.
Sin embargo, algunas instituciones no tienen actualizada la información o no cumplen con los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de la Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
En muchos casos, es necesario hacer pedidos formales de información para acceder a esa información, que deberían estar al alcance de los ciudadanos en los portales web, lo que complica la garantía de ese derecho.
Las instituciones públicas cumplen parcialmente con la LOTAIP
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo presenta anualmente informes de Índice de Transparencia Activa, en los se evalúa el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Lotaip. En 2023, se analizaron los documentos de las instituciones del Ejecutivo, así como de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Prefecturas.
En promedio, el Ejecutivo obtuvo una calificación de 17,07. Las peores calificadas son la Secretaría del Deporte y el Ministerio del Trabajo. Mientras que los mejores puntajes obtiene la Presidencia y Vicepresidencia.
Promedio de puntuación de transparencia activa en instituciones del Ejecutivo
En cambio, en los GAD municipales, 11 de 221 cumplieron al 100 % con las categorías de la Lotaip. En las Prefecturas son 14 de 24.
El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, considera que hay un balance positivo, tomando en cuenta que ciertos municipios no tienen recursos económicos ni tecnológicos para implementar los mecanismos de transparencia. Sin embargo, eso no justifica la falta de información, por lo que están sujetos a sanciones.
Algunos ejemplos de complicaciones al acceder a información públicar
Además de la información propia de cada entidad, que incluye: la estructura orgánica funcional, la base legal, regulaciones, metas, directorio, distributivo de personal, remuneración mensual por puesto, contratos colectivos vigentes, presupuesto, procesos de contrataciones, viáticos, etc., hay instituciones que también manejan datos relacionados con los servicios que ofrecen o estadísticas la política pública sobre la cual actúan, en ese ámbito es donde más novedades hay.
Mauricio Alarcón explica que las instituciones tienen la obligación de presentar esos datos porque es parte del trabajo que realizan con los recursos públicos.
Ecuavisa.com hizo una revisión de portales de instituciones públicas, en sus páginas principales, identificando escasa información.
En medio de la ola de inseguridad y violencia, en el Ministerio del Interior no hay cifras actualizadas de los homicidios internacionales. La tasa interanual consta solo hasta octubre de 2023, es decir, en este Gobierno no se ha actualizado.
En el Ministerio de Agricultura y Ganadería hay un Sistema de Información Pública Agropecuaria en el que se publica información sobre ese sector. Hay algunas categorías en las que solo constan datos hasta 2022, por ejemplo, los indicadores agroeconómicos, o el uso del suelo y los principales cultivos por provincia.
El Ministerio de Cultura y Patrimonio está al día con la información de la Lotaip, pero no cuenta con un portal estadístico de sus servicios.
En el portal del Ministerio de Defensa ocurre lo mismo. Datos como el número de operativos que han realizado los militares, desde la declaratoria del conflicto armado interno, no están disponibles. En las redes sociales se compartían las primeras semanas, pero luego se perdió la periodicidad.
En el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas se repite la misma tónica, para consultar cuántas personas han iniciado el trámite para la obtención de un permiso de porte de armas, se necesita hacer un pedido formal y de manera presencial.
En el Ministerio de Deporte la información está desactualizada, de tal manera, que en la página principal todavía hay información relacionada con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Lo mismo ocurre en el Ministerio de Gobierno, en uno de los menús está el libro del exministro Francisco Jiménez, sobre los diálogos por el paro de junio de 2022.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda explica con precisión los servicios que dan, para personas que buscan una casa, así como para constructores. Sin embargo, no hay un detalle de los proyectos habitacionales.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social sí cuenta con un portal de información estadística, pero no en todos los ámbitos está actualizado. Por ejemplo, el porcentaje de trabajo infantil solo se registra hasta 2015.
Si el interés es consultar la deuda pública, en la página del Ministerio de Economía solo podrá obtener datos hasta febrero de 2024. Y si necesita consultar las estadísticas fiscales, en el apartado con ese nombre no encontrará mayor información, constan los estados financieros hasta 2013.
Los pedidos de información tardan en promedio ocho días
Christian Parrado, de la fundación Tandem y técnico de la iniciativa Quito cómo vamos, recurrentemente busca información pública para nutrir los documentos e investigaciones que elaboran.
Dice que la excusa recurrente que encuentra al momento de solicitar información es que los funcionarios no tienen desagregada o con las especificaciones establecidas. Calcula que los pedidos se atienden, en promedio, en ocho días.
Sin embargo, dice que instituciones como la Policía Nacional ha tardado incluso seis meses.
A su criterio, las entidades deberían procurar transparentar la mayoría de su información, sin necesidad de que los ciudadanos soliciten.
