Una jueza de Guayaquil falló este viernes 7 de junio a favor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Este organismo había solicitado medidas cautelares para intentar resolver el desabastecimiento de alimentos en nueve centros de privación de libertad de Guayas.
En su resolución, la magistrada Isabel Jorgge dispone que se regularice inmediatamente la provisión de alimentos en la Penitenciaría del Litoral, La Roca, la Cárcel Regional, la cárcel de mujeres, los centros del adolescentes infractores y otros reclusorios en el Puerto Principal y El Empalme.
Además, ordena que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) brinde las facilidades para que representantes de organismos de derechos humanos puedan entrar a las prisiones y “constatar la provisión suficiente de alimentos” para los reos.
Asimismo, insta al SNAI a acelerar el proceso para contratar a una empresa que se encargue de entregar la comida a los más de 12 000 reos de los nueve centros antes mencionados. Solo en la denominada Peni hay más de 5 500 reclusos.
La jueza precisa también que, mientras se extienda el proceso de contratación de la empresa, el SNAI debe coordinar “permanentemente” con organismos públicos y privados el traslado de donaciones de alimentos.
El servicio de provisión de alimentos en estas prisiones de Guayas está suspendido desde el 1 de junio. La compañía Lafattoria S.A. explicó el domingo 2 de junio en un comunicado que había suspendido el servicio “debido a la falta de pagos, ya que el Estado ecuatoriano se ha negado a cancelar los valores pendientes, que alcanzan los 30 millones de dólares”.
La empresa proveedora ya había suspendido desde el 1 de mayo el servicio de alimentos en cárceles de ocho de provincias.
El presidente de la República, Daniel Noboa, justificó su decisión de prescindir de los servicios de Lafattoria S.A. en que presuntamente esta empresa tendría vínculos con el crimen organizado, cuyas bandas se hicieron en los últimos años con el control muros adentro de las prisiones ecuatorianas.
“Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”, aseguró Noboa en un mensaje a inicios de mayo.
Según Noboa, los gobiernos que antecedieron al suyo “entregaron el Ecuador a estos delincuentes (empresas de provisión de servicios presuntamente ligadas a mafias criminales) por años, acostumbrándolos a otro tipo de política”
