En los últimos tres días desde el viernes hasta ayer, lunes 13 de mayo, se han registrado cuatro masacres que dejan más de 20 personas asesinadas. Los crímenes se han concentrado en tres provincias costeras, donde la violencia no da tregua: Manabí, Guayas y Santa Elena.
Estas son las mismas provincias que estaban entre las cinco que el presidente Daniel Noboa incluyó en el estado de excepción, decretado el pasado 30 de abril. El argumento detrás de la medida se centró en la necesidad de abordar el aumento de la violencia, aunque sin proporcionar mayores detalles al respecto. El Oro y Los Ríos también constaban en la lista. Sin embargo, el 10 de mayo, la Corte Constitucional no avaló el decreto y lo declaró inconstitucional.
Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno afirma que los homicidios han disminuido. La semana pasada, la ministra del Interior, Mónica Palencia, en una entrevista en Contacto Directo aseguró que se había registrado una reducción del 26 % en muertes violentas en comparación con el año anterior, lo cual es cierto en términos generales. Sin embargo, ¿por qué persiste la violencia en ciertas provincias? Aquí los detalles.
La violencia persiste en el perfil costanero, la ruta de la droga
Si comparamos la evolución de muertes violentas hasta mayo de 2023 y 2024, los resultados concuerdan con los proporcionados por la ministra del Interior: se ha observado una ligera reducción, menos 17 %. Hasta este mes del año anterior, en Ecuador se registraron 2 548 muertes violentas. En contraste, este año, hasta la fecha actual, se han reportado 2 094 homicidios a escala nacional.
Sin embargo, provincias como Manabí muestran una tendencia menos alentadora. En los últimos días, ha existido aumento significativo en la violencia.
En un lapso de apenas 24 horas, se registraron dos masacres que han dejado un saldo trágico de ocho víctimas. El domingo, durante la celebración del Día de la Madre, ocurrió el primer suceso en Tosagua, donde cuatro personas perdieron la vida cuando un grupo de individuos abrió fuego dentro de un salón de belleza en el centro del cantón.
El lunes, la violencia continuó en la provincia con otro hecho. Cuatro hombres fueron baleados fuera de un taller mecánico en Manta. Las autoridades encontraron 28 casquillos de bala en el lugar, evidencia del violento ataque.
Con ello, la provincia suma un total de 309 muertes violentas, superando las 276 registradas en el mismo período del año anterior.
Un episodio similar se presenta en la provincia de Santa Elena, donde la madrugada de este sábado 11 de mayo, ocho personas fueron asesinadas en un ataque armado en el bar El Ídolo del recinto Pechiche, en la parroquia Chanduy.
Según medios locales, con esta masacre van 76 muertes violentas en lo que va del año en la provincia peninsular. Mientras que hasta esta fecha en 2023, se registraban 71 homicidios.
El domingo, además de la masacre en Tosagua, también se registró otra en el cantón de Daule, en la provincia de Guayas, donde cinco personas fueron asesinadas. Entre las víctimas se encontraban un hombre y su hijo, quienes se movilizaban en una bicicleta.
Aunque hasta abril, la provincia de Guayas, sí registra una reducción importante en las muertes violentas de 925 a 791, hay un factor común que comparten estas provincias, todas están ubicadas en la costa.
Según Jean Paúl Pinto, especialista en temas de seguridad e inteligencia, la zona costera se ha convertido en el epicentro de la violencia debido a su relevancia como ruta de entrada y salida de drogas. “Lo que nos indica es que el negocio continúa y no se detiene”, señala Pinto.
“En este periodo, hemos observado un aumento en la lucha por el control territorial. El negocio sigue siendo rentable, y es precisamente en estas zonas donde se concentran las matanzas”, agrega el experto.
En recientes declaraciones, la ministra Palencia destacó que, a pesar de que la Corte Constitucional no aprobó el nuevo estado de excepción, la Policía está implementando otras estrategias para combatir la violencia que persiste en estos territorios:
“Son cinco provincias que siguen presentando problemas prioritarios, las cuales fueron las que el presidente había declarado en estado de excepción. Ahora que no contamos con esta herramienta, estamos trabajando fuerte en investigaciones, intercambio de información y la configuración de dos grupos (FICE y FIAC)”, Palencia.
Lo que explican las nuevas masacres es un recrudecimiento de la violencia, que según el experto, reafirma que el aparente período de calma que siguió a la declaración del conflicto armado interno fue solo temporal.
En cuanto a la militarización, según Pinto, esta no ha sido una solución duradera para reducir la violencia en estas provincias. Señala que los problemas de seguridad son estructurales y que, mientras no se inicien proyecto para aplacar el desempleo y la falta de acceso a la educación para los jóvenes, repuntes de violencia continuarán.
