Fiscalía formuló cargos por presunto peculado contra seis exfuncionarios del correísmo dentro del caso Reconstrucción de Manabí y fueron vinculados a la investigación.
El fiscal subrogante Wilson Toainga pidió prisión preventiva para Walter Solís, exministro de Transporte, quien está prófugo. Él recibió el estatus de refugiado por parte de México en 2021. Tiene sentencias por los casos Sobornos y Senagua.
Teniendo en cuenta ese contexto, el juez Julio Inga aceptó el pedido de Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva para Solís. Además, dispuso girar la boleta de captura en la Interpol. Y que se oficie a la Corte Nacional para activar el proceso de extradición.
Para Boris Córdova, exministro de Transporte; Franklin Bernal y Omar Chamarro, exsubsecretarios de Obras Públicas; y Víctor Jaramillo, exdirector del SERCOP, pidió medidas cautelares alternativas como prohibición de salida del país y presentación periódica ante un juez.
Y para Milton Maldonado, exdirector de Inmobiliar, pidió presentación periódica ante un juez al menos una vez al mes debido a que vive en España.
El juez Inga también acogió el pedido y les dictó presentaciones periódicas ante una autoridad competente.
Glas ya está procesado en el caso Reconstrucción de Manabí
En el caso Reconstrucción de Manabí ya se encuentran procesados el exvicepresidente Jorge Glas; Carlos Bernal, exsecretario del Comité de la Reconstrucción; y Pedro Ortíz, exgerente de Ecuador Estratégico.
Glas se encuentra recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil y la tarde de este viernes se le otorgó un habeas corpus, pero no se dispuso su libertad, ya que aún tiene sentencias que pesan en su contra.
Desvío de fondos para la reconstrucción de Manabí
Según Fiscalía, Glas y los otros procesados desviaron USD 367 millones recaudados mediante la Ley de Solidaridad, que debían usarse exclusivamente en obras prioritarias para los afectados por el terremoto en Manabí de 2016.
Debido a la emergencia evitaron el trámite de una licitación regular y destinaron los fondos al arreglo de parques y aeronaves, y beneficiaron a la empresa de un familiar directo de Bernal.
Asimismo, el Ministerio Público asegura que hubo sobreprecios en la adquisición de hospitales móviles e irregularidades en los reasentamientos para damnificados.
