Además de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, el viceministro de Electricidad y Energía Renovable, subsecretarios, asesores, gerentes y subgerentes de instituciones públicas constan entre los 22 demandados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la crisis energética que atraviesa Ecuador.
El secretario de la Administración Pública de la Presidencia de la República, Arturo Félix Wong, presentó la denuncia en representación del Gobierno Nacional. Se sospecha que los implicados habrían incurrido en dos delitos: paralización de un servicio público y traición a la patria. Pero solo a medida que avance este caso se conocerá si los hoy denunciados cometieron alguno de estos delitos.
El Gobierno Nacional apunta contra Arrobo, quien habría ocultado información inherente al sector eléctrico “de manera intencional”.
De acuerdo al Ejecutivo, la exfuncionaria conocía que los embalses de Paute, Sopladora y Mazar se encontraban en una situación crítica; que la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair -la más grande del país- contaba con un embalse del 2 % de su capacidad y que el déficit energético en el país a partir de abril de 2024 oscilaría entre el 20 % y 25 %.
Y se agrega en la denuncia:
La señora Arrobo, como ministra de Energía, habría intencionalmente suprimido y desecho las advertencias y alertas, con la finalidad de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones necesarias de manera oportuna.
Apenas el 12 de abril, Arrobo había descartado que el país vuelva a experimentar apagones programados para racionar la electricidad, aunque admitió que los embalses estaban en niveles bajos.
“Los apagones como tal a corto plazo los hemos descartado”, señaló la exfuncionaria durante una entrevista en Radio Sucesos.
Los otros 21 señalados
El Gobierno también apunta contra Ramiro Díaz Castro, viceministro de Electricidad y Energía Renovable; y los subsecretarios de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (e), Luis Torres Portilla; y el subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica, Geovanny Pardo Salazar.
De acuerdo a la demanda, la exministra y ellos “habrían concertado y planificado, para ocultar, suprimir y evitar que las alertas respecto la generación, distribución y transmisión de energía eléctrica lleguen a los demás miembros del Gabinete” de Noboa.
Asimismo, en la denuncia se señala a:
– Roberto Carrión, coordinador técnico de Regulación y Control Eléctrico.
– Diego Arias Casco, director de Regulación Técnica del sector eléctrico en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr).
– Medardo Cadena, asesor técnico del director ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).
– Esteban Albornoz, asesor técnico del alcalde de Cuenca.
– Diego Pereira Bayas, subgerente financiero encargado y jefe de Presupuesto de la Unidad de Negocio Transelectric, entidad adscrita a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP).
– Johanna Veintimilla Aguilar, subgerente administrativa encargada y especialista de Talento Humano en Transelectric (Celec EP).
– José Moreno Ladines, vicepresidente de la Empresa Eléctrica Quito.
– Paúl Urgiles, gerente general subrogante de Celec EP.
– Kathya Delgado, directora ejecutiva de Arcernnr.
– Adrián Moreno, exasesor de la ministra Arrobo.
– Marco Valencia, asesor del gerente de Celec EP.
– Wilson Mejía, jefe de Mantenimiento de Celec EP.
– Esmeralda Tipán, colaboradora de la Empresa Eléctrica de Quito.
– Andrés Chávez, asesor de la directora ejecutiva de Arcernnr
– Emilio Calle, gerente general de la Empresa Eléctrica Quito.
– Enrique Vega, gerente de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
– Silvana Granizo, gerente de Transelectric.
– José Cadena Mosquera
Finalmente, el Ejecutivo ha pedido a la Fiscalía que solicite a la justicia la retención con fines investigativos de Geovanny Pardo, Diego Pereira, Johanna Veintimilla, José Moreno, Roberto Carrión y Medardo Cadena para que les recepten su versión.
Asimismo, se ha pedido que este caso se maneje como reservado.
Noboa pidió ayuda al Centro de Inteligencia
El presidente de la República ha calificado este caso como un sabotaje. Tras pedir la renuncia de Arrobo e involucrarla directamente en la crisis eléctrica, encargó el Ministerio de Energía y Minas a Roberto Luque, titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas. Luego se declaró la emergencia en este sector.
Adicionalmente, el Gobierno confirmó que los apagones continuarán y, de hecho, durarán más.
Por otra parte, el jefe de Estado designó al director del Centro de Inteligencia Estratégica, Micheli Sensi Contugi, como su delegado en tres empresas públicas: CNEL, Celec y Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana).
Este cambio coincide con la denuncia presentada por el régimen contra las 22 personas antes señaladas.
