Este 14 de mayo de 2024, los vocales de las juntas parroquiales, concejales, alcaldes y prefectos cumplen un año en funciones. En ese tiempo, en solo 12 meses, la violencia ha cobrado la vida de cuatro alcaldes, otros están involucrados en investigaciones dentro y fuera de Ecuador.
Mientras que, en lo político, hay camisetazos, distanciamientos, una multa y expectativas por la ley para la asignación directa de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Cuatro alcaldes fueron asesinados en un año
2023 y 2024 han sido años particularmente violentos para ejercer la política. Candidatos y autoridades han sido víctimas de sicariatos. En ninguno de los casos queda claro quiénes fueron los autores intelectuales de los delitos ni los motivos.
Cuatro alcaldes fueron víctimas de asesinato. El primero, Agustín Intriago, titular de la Alcaldía de Manta, ocurrió el 23 de julio de 2023, mientras realizaba recorridos en el barrio 15 de Septiembre, dejando como víctima colateral a la deportista Arianna Chancay.
El 28 de marzo de 2024, un tribunal declaró culpables a seis personas por ser coautores el delito de asesinato de Intriago. Con la sentencia, recibieron 34 años de prisión. Sin embargo, todavía está en libertad quien sería el autor material del delito, José Ramírez.
Cuando la Fiscalía General del Estado reveló el caso Metástasis e hizo públicos los chats del narcotraficante Leandro Norero, apareció el nombre de Intriago, quien supuestamente tenía cercanía con alias Estimado, uno de los operadores, encargado de cometer delitos. asociados a la función pública.
Según la fiscal Diana Salazar, con la muerte de Norero, el entonces alcalde de Manta se quedó desprotegido.
La siguiente víctima fue Brigitte García, exalcaldesa de San Vicente, el pasado 25 de marzo de 2024. La joven autoridad fue encontrada muerta en un vehículo, junto a un trabajador del municipio que también fue baleado.
Según detalles de la Policía. Inicialmente, se reportó la desaparición de García, por lo que los uniformados activaron la búsqueda del vehículo por GPS, lo que permitió encontrar los cuerpos. De ese caso, tampoco se ha esclarecido las motivaciones.
Menos de un mes después, el 17 de abril de 2014, ocurre otro atentado contra José Sánchez, titular del Municipio de Ponce Enríquez, en Azuay, un cantón con problemas de minería ilegal. De hecho, Sánchez era un empresario de esa industria.
En octubre de 2023, ya hubo una denuncia de sujetos que dispararon contra su vivienda. Sin embargo, pese a la advertencia, no se garantizó la seguridad de Sánchez.
Dos días después, Jorge Maldonado, exalcalde de Portovelo, provincia de El Oro, fue asesinado, también al estilo sicariato. Antes de ejercer como autoridad, se desenvolvía en el ámbito minero privado.
Las alertas de la narcopolítica comienzan a ser visibles
Fernando Villavicencio era uno de los principales denunciantes de la infiltración de la narcopolítica en los gobiernos locales.
Junto al Frente Parlamentario Anticorrupción, presentaron un informe que concluyó que 20 candidatos a prefectos, alcaldes y concejales tenían vínculos con el crimen organizado, en las elecciones seccionales de 2023. Según explicó en su momento, el interés de los grupos de delincuencia de obtener puestos de poder, se basa en conseguir impunidad y beneficios del Estado para su operación criminal.
En el contexto de esas mismas elecciones, el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, entregó una lista a la Fiscalía con 28 nombres, 21 postulaban a alcaldías.
Los casos Metástasis y Purga son las pruebas de la infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado.
Incluso una alcaldesa fue nombrad. Tanto en los chats de Leandro Norero y en la declaración de Mayra Salazar apareció el nombre de la alcaldesa de Simón Bolívar por la Revolución Ciudadana, María Fernanda Vargas.
Según Salazar, mientras trabajaba en la campaña de Vargas, conoció a un sujeto que es amigo del hijo del Chapo Guzmán, cabecilla del cártel de Sinaloa, en México.
En una conversación entre Salazar y Leandro Norero, antes de que Vargas fuera elegida como alcaldesa, Salazar cuenta que está ayudando a Vargas en territorio, encargándose de hacer banderas para una visita en Simón Bolívar.
El narcotraficante dice que él le “mandaba a hacer misiones”, a Vargas, que habrían implicado mover armas. Varios días después, el 28 de agosto, Salazar le cuenta a Norero que iba a viajar con Vargas a México para una reunión con “RC” la próxima semana.
Otro caso en el que aparece salpicado un alcalde es en el juicio contra Carlos Pólit, en Estados Unidos. Diego Sánchez, testigo, dijo que Pedro Solines, actual alcalde de Milagro por la Revolución Ciudadana, recibió un soborno, tras salir de la Superintendencia de Bancos. Sánchez habría pagado para que interfiera y así recuperar sus contratos.
Tanto Vargas como Solines han negado tener ninguna relación en las investigaciones. La Revolución Ciudadana y gremios de autoridades locales no se han pronunciado al respecto. La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), en su Regional 5, escogió a Vargas como parte de la directiva regional.
En un año, cambió el mapa de distribución política en las alcaldías y prefecturas
El mapa político de Ecuador se pintó de celeste luego de las elecciones seccionales de 2023. La Revolución Ciudadana se declaraba ganadora luego de que consiguieran las prefecturas de Guayas. Pichincha y Azuay; y las alcaldías de Quito y Guayaquil.
Sin embargo, un año más tarde, hay cambios. El primer distanciamiento que hubo fue el de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien marcó distancia de las filas de la Revolución Ciudadana, luego de ser presidenta de la organización.
Aguiñaga no ha querido decir si efectivamente hay una ruptura, pero no ha participado en reuniones recientes ni se ha pronunciado por casos relacionados con el correísmo.
Otro ejemplo es Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, quien participó con la RC en las elecciones seccionales, pero en la consulta popular de 2024 respaldó el sí en las preguntas del presidente Daniel Noboa.
Por otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral sancionó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por haber hecho campaña por Luisa González, para la Presidencia, ofreciendo obras si su candidata lograba el triunfo.
Muñoz deberá pagar una multa de más de USD 9 200, y pedir disculpas. Algunos expertos consideran que la sanción pudo ser peor.
Esa decisión del TCE deja un precedente para casos futuros.
