Los alcaldes que asumieron sus funciones en mayo de 2023 cumplen un año en sus cargos. El aniversario se da en medio de un contexto complejo en el que los burgomaestres ejercen funciones, en algunos casos, acechados por la violencia. Por otro lado, también con valores pendientes por parte del Estado que ascienden a USD 453 millones.
Una problemática que la Asamblea Nacional, el pasado 7 de mayo, allanó el camino para ponerle fin aprobando el proyecto de leyque, en otras palabras, asegura la asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Es decir, la transferencia de asignaciones ya no la realizaría el Ministerio de Economía y Finanzas, sino automáticamente el Banco Central del Ecuador (BCE), dentro de los cinco primeros días de cada mes. Sin embargo, persisten dudas y cuestionamientos sobre su viabilidad, dado la falta de recursos por parte del Estado.
Además, en ese debate se apunta a los bajos niveles de ejecución de gastos de gobiernos locales o por el otro lado, el control sobre el uso de los recursos. Por eso, ¿por qué no se ejecutan los presupuestos en su totalidad?
Bajos niveles de ejecución presupuestaria: ¿por qué?
Antes de abordar las causas, empecemos por comprender los conceptos clave. La ejecución de ingresos se refiere a la capacidad de las entidades públicas para cumplir con lo planificado en términos de captación de ingresos de diversas fuentes de financiamiento.
En el caso de los gobiernos locales, el principal rubro de ingresos proviene del gobierno central y se distribuye en función del tamaño y la densidad poblacional de cada localidad.
En 2023, por ejemplo, este monto ascendió a USD 1 777 858 376 destinados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), según respondió el ministerio de Economía a una solicitud de información realizada por Ecuavisa.com.
El otro concepto es la ejecución de gastos, que se refiere al uso o la capacidad de gestión que tiene el municipio para utilizar los recursos disponibles.
En el mismo período de 2023, según datos la cartera de Estado, la ejecución presupuestaria de los municipios alcanzó solo un 66,3 %. A pesar de haber solicitado el reporte correspondiente al año 2024, la entidad señaló que aún no tenían la recopilación completa de los datos.
La pregunta sobre por qué no se ejecutan los presupuestos en su totalidad no es nueva. Leonardo Gómez Ponce, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), explica que esto se debe a diversos factores como la realidad histórica en el retraso de las transferencias, pero también señala la falta de gestión y planificación por parte de las autoridades locales.
Al analizar los últimos cinco años, Gómez explica que hubo una tendencia al alza en la ejecución de gastos, sobre todo, en 2020, influenciada por la pandemia de covid-19, seguida de una disminución en los años siguientes.
Para ejemplificar las dificultades, Gómez menciona el caso de la municipalidad de Quito, que, por su naturaleza como la municipalidad más grande y con mayor estructura del país, se podría suponer que está más organizada. Sin embargo, en los últimos cinco años, su promedio de ejecución de gastos ha sido del 71 %, aumentando al 77 % al cierre de 2023.
Este medio consultó a la actual administración sobre su ejecución de gasto, detallando que en los 12 meses de gestión, es decir, entre el 15 de mayo de 2023 al 9 de mayo de 2024, se ejecutó USD 1 337 millones, la municipalidad asegura que es superior a años anteriores.
Gómez también señala otros ejemplos de falta de gestión más evidentes, como el caso de la Alcaldía de Durán, que durante casi cuatro décadas ha enfrentado dificultades para establecer un sistema de agua potable. En una lectura general, dice, responde en gran medida a problemas de corrupción y una ejecución deficiente de los recursos.
“No solo la mala ejecución de los recursos, sino la falta de atención del gobierno central en revisar lo que está pasando”, coordinador del Observatorio de Gasto Público.
Sin embargo, incluso si se ejecutara la totalidad de los recursos asignados, es crucial verificar que se utilicen de manera adecuada. En este sentido, Ponce señala que en el portal de compras públicas (Sercop) se pueden encontrar casos que ponen en duda la gestión de algunos gobiernos locales. Por ejemplo, contratos de publicidad a empresas dedicadas a la venta de ropa.
Sobre lo expuesto, Ponce manifiesta que “existe una corresponsabilidad por parte del municipio y la entidad rectora (Sercop) y después de la Contraloría”.
Ecuavisa.com revisó las contrataciones más costosas de cinco municipalidades para tener una foto general de las prioridades en su gasto.
Comenzando por la administración de Darío Macas en Machala, que ha estado en el centro del ojo público debido a la millonario rubro destinada a las festividades de la ciudad. Solo el festival musical asciende a USD 1,7 millones.
En Puerto Bolívar, la regeneración urbana del malecón fue la inversión más costosa del año 2023, ascendiendo a 6,8 millones de dólares. Esta zona, marcada por la violencia con ocho balaceras registradas la semana pasada, la Alcaldía también destinó USD 4,1 millones para servicios de seguridad.
En Esmeraldas, bajo la administración de Vicko Villacís, se destacan contratos para la remodelación y ampliación del mercado municipal, con un monto de USD 1,5 millones. Le sigue la contratación de servicios de medios radiales, televisivos y redes sociales por USD 446 450, y un plan de desarrollo deportivo para los barrios por USD 414 952.
En la Alcaldía de Cuenca liderada por Cristian Zamora, los contratos más significativos se destinaron a la seguridad, con montos de USD 651,678 y USD 552,123 para servicios institucionales de guardianía por 24 horas con arma. Además, se asignaron USD 567 987 para el mantenimiento de vías.
En 2023, el alcalde de Babahoyo, Gustavo Barquet, asignó más de USD 1 millón para la construcción de la vía El Saltro-Troncal. Además, se destinaron USD 886 957 para la implementación de sistemas de alcantarillado y otros USD 886 957 para servicios de limpieza.
Por otro lado, en Manta, se ejecutaron altos montos, como la construcción de redes de agua potable, que superaron los USD 22 millones, y la implementación de redes de alcantarillado, con USD 4,6 millones. La Alcaldía de Manta también priorizó la realización de festivales adjudicando un contrato por USD 3,5 millones con la finalidad de “consolidar a Manta como destino turístico”.
Falta de transparencia en cifras
Otro deuda en los gobiernos locales es la falta de transparencia sobre la información. Ponce destaca que, aunque se establece que los GAD deben publicar los datos relacionados con su presupuesto en sus sitios web, esto no siempre se cumple.
Por citar un ejemplo, la última actualización de información presupuestaria en el portal de Transparencia de la Alcaldía de Cuenca corresponde al 25 de enero de 2023, hace más de un año.
“En aras de la aprobación de la ley, los municipios deben primero garantizar la transparencia respecto a la ejecución de los ingresos y gastos, así como al uso y buen uso de los recursos”, recalca.
Ecuavisa.com solicitó la postura de la Asociación de Municipios del Ecuador (AME) sobre los temas abordados en este reportaje, como la deuda pendiente del Gobierno, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta por parte de la AME.
