Las cinco cárceles de Guayaquil contarán con el servicio de alimentación de Lafattoría S.A. hasta el viernes, 31 de mayo. La compañía dejará de prestar este servicio debido a la falta de pago por parte del Estado, como ya ocurrió en otros centros de privación de libertad.
Joffre Campaña, abogado de Lafattoria, anunció la decisión de la empresa en una carta destinada al ministro de Salud, Franklin Encalada. En ella destaca que la falta de alimentación causará “una situación de deterioro de salud sumamente grave en las personas privadas de libertad”.
“La falta de adecuada alimentación, derivada de la decisión del Gobierno Nacional de dejar de pagar por el servicio de alimentación, tiene gravísimos efectos en una población altamente vulnerable que puede conducirlos incluso a la muerte”, señaló Joffre Campaña.
Por ello, pidió a la autoridad sanitaria que adopte las medidas necesarias para que se brinde la atención médica correspondiente.
Cárceles en ocho provincias no tienen servicio de alimentación
Desde el pasado 1 de mayo de 2024, cerca de 12 000 personas privadas de libertad en Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Pichincha, Santo Domingo y Sucumbíos, dejaron de recibir alimentos. Esto, como consecuencia de la falta de pago del servicio de alimentación que se prestó hasta el 30 de abril, señaló el abogado de Lafattoria.
Sin embargo, la situación aún es incierta, pues la entidad encargada, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha dado claridad sobre el tema.
El 2 de mayo, el presidente Daniel Noboa acusó a la empresa de supuestos vínculos con el crimen organizado y pidió a Fiscalía una investigación. “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”, aseguró Noboa.
Por su parte, LaFattoria rechazó esas acusaciones y pidió al Gobierno que pague su deuda.
Luego, el 17 de mayo, el SNAI informó que se encuentra en la etapa precontractual para adjudicar el contrato para el servicio de provisión de alimentos en la División Territorial 1, sin precisar a qué sector se refiere.
Se agregó que el proceso se realiza con “metodologías” que no se implementaron en pasadas administraciones para eliminar riesgos de posibles irregularidades.
