Han pasado más de 40 días desde que 20 cárceles del norte del país quedaron sin suministro de alimentos. La situación, ya de por sí grave, se agudizó semanas después cuando otras 10 cárceles se sumaron a la crisis alimentaria en Guayas. Actualmente, cerca de 22 000 personas privadas de libertad no tienen garantizada una alimentación completa.
Esto fue confirmado hoy en Contacto Directo por el defensor del Pueblo, César Córdova, quien resaltó la crítica situación en las cárceles debido a la falta de alimentación y afirmó que los reos están recibiendo solo una ración al día:
“No existe una alimentación adecuada. Reciben una ración al día, cuando la norma internacional establece tres y hasta cinco para determinados adultos infractores”, explicó el Defensor del Pueblo.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) anunció que adjudicará un contrato bajo régimen especial para la provisión de alimentos en las cárceles.
Esta situación se ha desarrollado tras dos medidas cautelares a favor de los reos. La primera, dictada por un juez de Quito el 2 de mayo, en la zona territorial 1; la segunda, el 7 de junio, se centró en la zona 3 en Guayas. Según el Comité de Derechos Humanos (CDH), los plazos dispuestos en las medidas no se han cumplido.
SNAI ha incumplido con medidas judiciales, según CDH
Sobre el primer fallo a favor de los reos en las cárceles del norte del país, el juez dispuso un plazo de 15 días para restablecer la alimentación mediante convenios de pago o régimen especial, y tres meses para establecer un contrato anual consolidado que normalice el suministro de alimentos.
Sin embargo, estos plazos no se han cumplido, afirmó Fernando Bastias, miembro del CDH Guayaquil,en una entrevista con este medio. El abogado reiteró que, a pesar de la medida cautelar en favor de los centros penitenciarios de la Zona 1 en el norte del país:
“Hay un incumplimiento total, el primero es la normalización del suministro en 15 días y la situación continúa igual con donaciones”
Bastias también recordó que el incumplimiento de la medida cautelar en las prisiones de la Zona 1 podría conllevar responsabilidades administrativas y penales. “Se va a pedir sanción para los funcionarios públicos que están incumpliendo esta disposición”, adelanta.
Por otro lado, aunque en el informe de la Defensoría del Pueblo señaló que las donaciones son insostenibles; el SNAI informó que en la División Zonal 1 la situación se ha regularizado, y los privados de libertad ahora reciben tres comidas diarias.
No obstante, el organismo no proporcionó detalles sobre los proveedores ni los contratos provisionales adjudicados.
El otro caso corresponde a la División Zonal 3, que incluye nueve cárceles en Guayas, la provisión de alimentos se realiza actualmente mediante donaciones. Esta solución temporal también ha sido objeto de críticas, especialmente en términos de sostenibilidad y calidad nutricional.
Asimismo, una jueza de Guayaquil falló el 7 de junio a favor del CDH, ordenando la regularización inmediata de la provisión de alimentos en la Penitenciaría del Litoral, La Roca, la cárcel Regional, la cárcel de mujeres, los centros de adolescentes infractores y otros reclusorios en el Puerto Principal y El Empalme, la situación no ha mejorado.
Al igual que en el caso anterior, Bastias explica que tampoco se ha cumplido con la orden judicial. Desde el CDH solicitarán una aclaración al juez para que dé un plazo exacto, aunque en la resolución se dispuso a la institución “suministrar de manera inmediata” los alimentos.
En una entrevista con Ecuavisa.com, Berta García, directora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa, y analista en temas carcelarios, señala los impactos adicionales de la escasez de alimentos y que devela el fracaso del Gobierno de aplicar la política penitenciaria: “Lo mínimo e indispensable para la vida básica es la alimentación y el sistema sanitario; si no se cumple con eso, no se sostiene nada”.
La analista resalta la falta de planes de contingencia por parte de las autoridades para abordar la escasez de alimentos, lo que podría desencadenar amotinamientos en las cárceles debido a la carencia de comida.
Por otro lado, Bastias añade que esta privación también constituye una forma de tortura, que “no solo se materializa con golpes, sino también con la escasez de alimentos y atención médica adecuada”.
¿SABÍAS QUE?
En los últimos meses, un total de 24 reos fallecieron al interior de los centros carcelarios, por causas naturales y violentas, con indicios de presunta tortura, según Defensoría del Pueblo. Además, existen alertas del deceso de presos con signos de desnutrición.
Las críticas al presupuesto destinado a nuevas cárceles
En una entrevista con Contacto Directo, César Córdova explicó que, debido a la suspensión del servicio por falta de pago, se están evaluando nuevos contratos, aunque estos no se ajustan a la realidad actual.
Según el defensor del Pueblo, la contratación de un nuevo proveedor contempla un pago de USD 2,50 por las tres comidas diarias, un monto que “no refleja la realidad ni cubre el costo de la canasta básica”.
Esto contrasta con los recursos destinados a la construcción de nuevas cárceles. Fernando Bastias señala falta de voluntad política por parte del ministerio de Finanzas y cuestiona: “Hay un déficit presupuestario, pero se destinan USD 44 millones para la construcción de una nueva cárcel cuando las ya existentes no están debidamente consolidadas”.
Hasta el momento, el SNAI justificó el uso del régimen especial para acelerar el proceso de adjudicación, citando las medidas cautelares otorgadas. Ecuavisa.com solicitó información adicional sobre ello, pero no hubo respuesta.
