Este 14 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante un comunicado se refirió a las investigaciones que lleva la Fiscalía de Ecuador en referencia a la penetración del crimen organizado en la Función Judicial.
Ante esto, hizo un pedido al Estado ecuatoriano para garantizar la independencia de los funcionarios que operan en la justicia, “así como proteger la labor, vida e integridad de quienes investigan actos de corrupción”.
En el documento se detalla que la Fiscalía General del Estado ha presentado públicamente investigaciones que muestran indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a personas operadoras de justicia, presuntamente, a cambio de decisiones favorables; modificaciones en composiciones de tribunales; retardos procesales injustificados y beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares.
“Según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de la judicatura estarían involucrados”, expresó la CIDH.
La CIDH hace referencia al contexto de inseguridad que vive Ecuador que se desató a partir del 2021 ante el accionar violento de los grupos narcodelictivos que pelean por el territorio para enviar droga a los países de Norteamérica y Europa,principalmente. De hecho, la Comisión condenó el asesinato del Fiscal César Suárez, quien investigaba la irrupción de un grupo armado a TC Televisión el pasado 9 de enero de 2024.
Fiscal Salazar denuncia que quisieron matarla
La fiscal general Diana Salazar compartió el domingo 12 de mayo en redes sociales un video en el que aseguró que ella estaba en el contrato de los criminales que acabaron con la vida de Fernando Villavicencio en agosto de 2023.
“Como siempre: juro siempre decir la verdad y nada más que la verdad”, fue el mensaje que puso en X, al compartir el enlace de la publicación.
Allí, Salazar aseveró “Creo que es momento que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona; éramos dos. A él lo asesinaron, y creo que tratan de cumplir ese acuerdo“, comentó.
Ella es una de las funcionarias con mayor resguardo, de hecho, es la mujer más amenazada de muerte por el crimen organizado y considerada por Time entre las 100 personas más influyentes del mundo en este momento. Al igual que el presidente, es la más protegida del país.
“Vivo prácticamente bajo arresto porque tengo alrededor a muchas personas que se encuentran 24 horas del día a mi alrededor”, expresó Diana Salazar, fiscal general del Ecuador.
Salazar comentó que está en juego la justicia, y que tratan de sacarla de su cargo para lograr impunidad. Aseveró que los nuevos huéspedes de los centros de privación de libertad aseguran que van a recuperar la libertad cuando ella se vaya.
Además, este lunes 13 de mayo, la funcionaria compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en Quito para informar sobre cómo han avanzado las indagaciones del caso denominado León de Troya, que luego se unificó en una sola causa que es el caso Encuentro, y el caso La Madrina.
Sin embargo, Salazar dejó la reunión porque se anunció la intervención del exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga y enfatizó, “No vine acá para escuchar a un prófugo de la justicia”.
Las amenazas a funcionarios aumentan cada día
En las oficinas de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional (Dinpro), creada hace cinco años, los agentes reciben al día 15 solicitudes en promedio de análisis de riesgo personal, de autoridades del estado amenazadas por grupos vinculados con cárteles mexicanos y mafias europeas.
La ola de pedidos de seguridad empezó en 2018 con 51, en el 2019 aumentó a 357. Cuatro años después, en 2023, llegó a 1 471; y en los primeros cuatro meses del 2024 suman 503, es decir, alrededor de 2 000 solicitudes.
“En base al nivel de riesgo, se determina si la persona va a tener un dispositivo de seguridad, o se va a coordinar con el territorio para ejecutar operaciones en territorio con Policía Nacional”, relató Paúl Zurita, subdirector de la Dinpro.
Hasta el 23 de abril, la Dinpro tenía activos 295 equipos que protegen al presidente Daniel Noboa, la fiscal general Diana Salazar, ministros, fiscales, y jueces, al igual que exfuncionarios y familiares de los amenazados. 1 000 policías están destinados a estos grupos de seguridad.
Por otro lado, 42 alcaldes, siete prefectos y tres gobernadores fueron amenazados y tienen equipos de seguridad. Todos pasaron por el análisis de riesgo personal que los clasifica en cuatro niveles:
Muy alto, custodiado por hasta 10 policías
Alto, por cuatro agentes
Medio, por tres servidores
Bajo, por dos uniformados
La mayor cantidad de amenazas ocurren en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, donde operan organizaciones narcocriminales.
